En Argentina se practican aproximadamente 54 abortos por hora. En un sólo año, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos: y el 16% tenía entre 10 y 19 años.

Leer estas cifras hace que te recorra un escalofrío por la espalda. Pensar en las vivencias de esas personas gestantes. Imaginarlas en una camilla -o en lo que sea que cumpla su uso-, cerrando los ojos con fuerza y depositando el momento en manos de quién sabe. Este es el panorama que debate actualmente el Congreso de la Nación. Sí, porque la discusión no es si aborto sí o no. Las cifras están, así como la recién especificada, que parte de la solicitada que presentada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cuenta con más de 500 firmas. Se elige entre legal o clandestino.

Ese punto abre una enorme brecha de desigualdad social y económica, invisibilización de derechos y la falta de políticas públicas que abracen, prevengan y acompañen la libertad individual y la salud por sobre mandatos impuestos y estigmas sociales. Y con libertad individual me refiero a todos los casos porque así como decenas de mujeres son condenadas civil y penalmente por interrumpir sus embarazos, en paralelo, niñas son obligadas a parir pese a que la legislación las ampara.

Sucedió recientemente en Jujuy pero pasó, pasa y sigue pasando, vulnerando su integridad por completo, imponiendo una obligación no sólo no deseada sino desde una violencia institucional que dice abogar por su salud cuando le da la espalda a sus derechos.

"Tenemos a una niña que han vuelto madre desde una institución y se le ha negado a los Profesionales por el Derecho a Decidir que puedan intervenir en el caso y realizar efectivamente la ILE (Interrupción Legal del Embarazo)", cuenta a Filo.News, Giovana Martínez, referente de las agrupaciones Mumalá Jujuy y Libres del Sur Jujuy.

"Se la ha vulnerado desde estas instituciones, obviando la ILE, forzando una maternidad, violentando nuevamente a una niña que ya era víctima de reiterados abusos, priorizando el fundamentalismo de religiones por encima de todo", Giovana Martínez.

El caso lo dio a conocer la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir hace unas semanas. La niña -que no daremos a conocer su identidad- tiene 12 años, debió cursar un embarazo gemelar producto de una violación, y debido a las diversas instancias de obstaculización de las autoridades sanitarias y el Ministerio de Salud de la provincia, fue intervenida en el Hospital Materno Infantil Héctor Quintana para dar a luz a través de una microcesárea y tras una previa maduración fetal.

"Nos enteramos que era víctima de abuso sexual y violaciones en las que, al parecer, estaría implicada la familia al exponerla a esta situación. Sabemos que estaba embarazada de un segundo trimestre, un embarazo gemelar. Se acercan a las instituciones. Lamentablemente no sólo no se cumple el protocolo ILE sino más bien se entorpece, se viola la ley ya vigente y se la expone a una microcesárea con un anterior procedimiento de maduración pulmonar de los fetos dentro del útero. Se la ha vulnerado desde estas instituciones, obviando estos protocolos, forzando una maternidad, violentando nuevamente a una niña que ya era víctima de reiterados abusos y violaciones, priorizando el fundamentalismo de religiones por encima de todo", manifiesta Giovana. 

Hecha la ley, ¿hecha la trampa? - Más bien, nace un derecho

Un poco de contexto e historia. La Interrupción Legal del Embarazo es legal hace casi cien años. Sí, leiste bien. Desde 1921, con la segunda reforma del Código Penal (a través del artículo 86 del Código Penal), se establece el derecho al aborto si representa un peligro para la vida o la salud, o si es producto de una violación.

"Realizar una cesárea que implica una inscripción y una cicatriz indeleble en el cuerpo de una niña, es condenarla a recordar una maternidad forzada e impuesta para siempre", Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.

Años (muchos) después, en 2012 y con un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve que el aborto no punible en caso de violación no requiere una sentencia judicial y amplía el concepto de salud. Mientras que en 2019, se implementa el Protocolo sobre interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, ¿por qué estando legislado el derecho a abortar en dichos casos continúan obligando a las niñas a parir?

"Pensamos que este es un acto de doble moral donde no se están teniendo en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes de los que tanto se habla en estos tiempos, obligando a una niña a llevar adelante no sólo un embarazo no deseado sino una maternidad forzada. Con esto vemos que claramente no les interesan las vidas sino resolver de la manera que a ellos les parece que nuestras vidas tienen que seguir", puntualiza la referente de Mumalá Jujuy. 

"Teniendo en cuenta el altísimo riesgo obstétrico y vital que corre una niña embarazada siendo menor de 13 años, sumado a las consecuencias psicoemocionales que podrían generarle el dar a luz algo que ha sido impuesto violentamente sobre su cuerpo y su vida, reafirmamos cuánto hay de cierto cuando hablamos de Maternidades Forzadas. Manifestamos que se anulan los derechos de la niña, negando el riesgo integral 2 para su vida. Avasallar la subjetividad, convertirla en una incubadora, realizarle una cesárea, no es garantizar su salud integral. Realizar una cesárea que implica una inscripción y una cicatriz indeleble en el cuerpo de una niña, es condenarla a recordar una maternidad forzada e impuesta para siempre", expresa por su parte la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir a través de un comunicado a este medio.

"Ante esto vemos la necesidad de tener que salir a repudiar este acto que no es aislado sino que el año pasado hemos tenido una situación similar en la provincia: con una niña de una edad muy similar", añade Giovana.

En 2019, una pequeña oriunda de la localidad de San Pedro sufrió la misma intervención; el Estado le dio la espalda. En palabras de la Red de Profesionales, "la estrategia tanto en aquella situación como en la actual fue 'ganar tiempo' con el objetivo de obtener la viabilidad fetal, a pesar de que la provincia tiene un protocolo específico realizado conjuntamente con Unicef en el que se establece el derecho a la ILE para los embarazos en niñxs y adolescentes menores de 15 años. Y pese que desde la Dirección Nacional de Salud Sexual realizaron el ofrecimiento para resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña, las autoridades a cargo del Ministerio de Salud de la de Provincia de Jujuy desestimaron la propuesta y decidieron no garantizarle a esta niña su derecho".

Actualmente, la niña recientemente intervenida se encuentra físicamente estable y a cargo de un equipo interdisciplinario estatal que están siguiendo su caso, en manos de la defensoría de menores por la situación judicial de sus progenitores/as (está preservada de ver familiares directos) por no contar con una red social que la acompañe. "Debe estar empezando un proceso para subsanar todas estas violencias que ha vivido y a las que ha expuesto la institución", lamenta Giovana.

Dicen que "hecha la ley, hecha la trampa", un refrán popular que en lugar de cuestionar más bien legitima el fraude de los derechos, asumiendo que de todas maneras habrá un mecanismo (o quienes busquen métodos) para fraguarlos. Más bien, en lugar de ello, elegimos sumarnos a una de las consignas actuales en pos de los Derechos Humanos que aseguran que "donde hay una necesidad, nace un derecho" (valga la redundancia) porque es ahí donde debe señalarse, a solventar la desigualdad, a brindar condiciones.

Así llegamos a esta instancia: el Congreso Nacional debate nuevamente el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los 100 días; proyecto que busca la legalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación, el derecho a la atención postaborto, y además propone reforzar las leyes existentes. Así como la reforma de 1921 o el fallo de 2012, en el actual texto se especifica: "define la salud como 'un estado general de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermendades'".

Sobre la Objeción de conciencia. Acá un punto importante. Se llama así a la negativa a acatar órdenes o leyes o a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos, de modo que el proyecto de ley actualmente presentado responde a esto: "el o la profesional de la salud implicade directamente en la práctica tendrá derecho a la objeción de conciencia, a menos que se trate de una emergencia. No podrá obstaculizar que la persona acceda a su derecho".

"Esperamos que este proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo pueda también venir a resolver este tipo de situaciones. No se obliga a nadie a abortar sino que médicos, médicas y profesionales de la salud puedan intervenir y no expongan a las personas gestantes a la clandestinidad y riesgos que lleven a la muerte. Esperamos también que a partir de la ley ya vigente y establecida las niñas puedan acceder con mucha más rapidez y agilidad a los protocolos ILE desde las instituciones y profesionales que intervienen", aporta Giovana.

"Repudiamos que no se contemplen los padecimientos de las niñas abusadas, que en manos de quienes deberían protegerlas de las desigualdades ya reinantes en sus vidas, las perpetúan siniestramente, abusándolas también desde el Estado. Exigimos se respeten los derechos vigentes que contempla nuestro código penal y el protocolo ILE y los convenios a favor de una vida libre de violencias para niños, niñas y adolescentes", denuncia la Red de Profesionales.

"Esperamos que este 2020 sea ley. Vamos a seguir luchando por Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal para no morir", cierra Giovana. Hoy y siempre niñas, no madres.