La oposición aspira a restringir el uso de esta herramienta que le permite al Ejecutivo aplicar medidas sin pasar por el Congreso.

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Según la activista, la vicepresidenta y el entorno del mandatario reconocieron que habría "ilegalidades" en los procesos por crímenes de lesa humanidad y habrían prometido hacer algo por este tema.
La activista defensora del terrorismo de Estado, Cecilia Pando, confirmó que hubo contactos con la vicepresidenta Victoria Villarruel y con el “entorno” de Javier Milei para pedirles por la libertad de los genocidas presos.
"Nosotros ya habíamos hablado con distintos políticos sobre este tema preocupante, que eran las condiciones inhumanas que estaban los militares. Ellos reconocen perfectamente lo que se les viola y prometieron obviamente hacer algo actual sobre este tema", dijo Pando en una entrevista con Radio Con Vos.
En ese sentido, la activista defensora del terrorismo de Estado añadió: "Lo que pedimos es que se apuren, porque son adultos mayores y que no tienen una vida larga por delante”.
Cuando le pidieron precisiones sobre los interlocutores, Pando no quiso dar nombres, pero reconoció: “Hablamos con políticos que están cerca del Presidente”. Y deslizó: “Yo sé que hubo gente que habló con la vicepresidenta, pero gente del entorno, donde siempre se le plantea este tema de la ilegalidad, de las ilegalidades que se cometen con los militares”.
La semana pasada, Pando publicó una carta junto con esposas, hermanas, madres y amigas de detenidos por crímenes de lesa humanidad en la que reclamaban que el gobierno cumpliera con las promesas que les habían hecho a las familias de represores.
En una nota publicada en el diario La Nación, un grupo de mujeres que militan contra los juicios por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado se quejaron porque los festejos de Año Nuevo están empañados por la prisión de sus familiares o amigos.
“¿Por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por la vida de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes?”, se preguntan en el texto.
Esta estrategia no es novedosa, ya que la propia Villarruel la utilizó en el debate vicepresidencial con Agustín Rossi cuando dijo que el represor Juan Daniel Amelong había sido una víctima del proceso judicial.
La carta cierra con una pregunta: “¿Es que ya no corre por nuestras venas una sola gota de sangre?”
El reclamo de Pando y compañía es amplio: abarca desde reivindicar a los militares por haber combatido en una supuesta “guerra contra el terrorismo” hasta decir que los mayores de 70 años no pueden estar en prisión y que hay represores que llevan más de quince años en prisión preventiva (sin tener sentencias firmes).
Pando aseguró que no piden un indulto o una ley de amnistía, pero sí algún gesto por parte del Ejecutivo, entre los que incluyó una investigación, sin precisar acerca de qué sería.
La oposición aspira a restringir el uso de esta herramienta que le permite al Ejecutivo aplicar medidas sin pasar por el Congreso.
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