La oposición aspira a restringir el uso de esta herramienta que le permite al Ejecutivo aplicar medidas sin pasar por el Congreso.

Qué dice el proyecto que modifica la ley de DNU y obtuvo la media sanción del Senado
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El planteo lo hicieron diputados de la Coalición Cívica, que lo acusan de mal desempeño, violencia de género y vínculos indebidos con el Poder Ejecutivo.
Durante esta jornada de viernes, diputados de la Coalición Cívica impulsaron en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra el juez federal, Alejandro Patricio Maraniello. La presentación está firmada por Campagnoli y Reyes, y cuenta con el patrocinio legal de Elisa Carrió, quien difundió la iniciativa a través de su cuenta en la red social X.
En el escrito se sostiene que el magistrado incurrió en “mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones” y se reclama la apertura del procedimiento de remoción, su suspensión en el cargo, la formulación de la acusación correspondiente y la destitución.
Uno de los hechos destacados en la denuncia refiere a la resolución dictada por Maraniello en la causa “Milei, Karina Elizabeth s/medidas cautelares”, donde dispuso la prohibición de difundir chats, fotos, audios y videos atribuidos a la secretaria general de la Presidencia. Para los denunciantes, esa decisión “implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.
También plantea la existencia de una “posible connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura del Secretario de Justicia de la Nación, Dr. Sebastián Amerio para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos en su contra”, lo que —en caso de confirmarse— representaría “una violación flagrante de la independencia judicial y de la división de poderes”.
En otro tramo se menciona la participación de Maraniello como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. La denuncia advierte que esa institución “resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación”, y que tiene entre sus auspiciantes a los Laboratorios HLB Pharma y Ramallo, señalados como “incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello”.
El documento incluye además denuncias ya presentadas en el Consejo de la Magistratura. Allí se indica que el juez registra cinco procesos en su contra por “abuso moral, sexual y violencia de género”, iniciados por personal de su propio juzgado. Según se detalla, esas acusaciones derivaron en su incorporación al Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas vinculadas a hechos de violencia de género.
Finalmente, se enumeran presuntas irregularidades en el otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina. “Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos, y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, expresaron los denunciantes. El futuro de Maraniello quedará ahora en manos del Consejo de la Magistratura, donde ya tramitan distintos expedientes vinculados a las acusaciones que rodean su desempeño.
La oposición aspira a restringir el uso de esta herramienta que le permite al Ejecutivo aplicar medidas sin pasar por el Congreso.
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