Un día después de las declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en las que amenazó al Gobierno de cortar el suministro de gas y petróleo si no les "quitan la pata de encima", diversas voces se alzaron desde el oficialismo y una de ellas fue la del ministro de Defensa, Luis Petri, quien sostuvo que "las provincias están recibiendo lo que corresponde".

La amenaza de Torres causó revuelo entre las oficinas del presidente Javier Milei, en las que algunos optaron por redoblar la apuesta, como Guillermo Francos -ministro de Trabajo-, y otros intentaron llevar un poco de sosiego a la puja por la coparticipación. En este último grupo aparece Petri, que a través de su cuenta en la red social X explicó las razones de la caída de la coparticipación.

"Es un contrato el que dice que la deuda de Chubut se retiene de los fondos coparticipables. No es una cuestión personal ni es ‘adrede’", señaló en primer lugar el ministro de Defensa. En esa línea sostuvo que "las provincias están recibiendo lo que les corresponde por ley", y remarcó entonces que "el ajuste no puede ser sólo nacional si queremos sacar al país adelante".

"Deberían apoyar al Gobierno y acompañar los esfuerzos para salir de la crítica situación en la que recibimos el país", agregó luego, y sentenció así: "La confiscación no es el camino, el camino siempre lo define la Constitución".

El apoyo a la rebelión de Torres

A las declaraciones de ayer de Torres se sumó también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien expresó su solidaridad para la provincia de Chubut y aseguró en sus redes sociales que "todas las provincias estamos siendo sometidas a esta 'extorsión' y el recorte de fondos". En esa línea, Kicillof advirtió que la medida no es "contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias".

Más tarde en el día, el gobernador de Chubut recibió el apoyo de diversos miembros de su espacio político, Juntos por el Cambio (JxC). "El Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país", respaldaron en una carta firmada por Jorge Macri -CABA-, Leandro Zdero -Chaco-, Gustavo Valdés -Corrientes-, Rogelio Frigerio -Entre Ríos-, Carlos Sadir -Jujuy-, Alfredo Cornejo -Mendoza-, Marcelo Orrego -San Juan-, Claudio Poggi -San Luis- y Maximiliano Pullaro -Santa Fe-.

También por medio de X, la Confederación General del Trabajo (CGT) compartió un comunicado en el que indicó que "las provincias argentinas, así como el pueblo en general, están siendo sometidos a una extorsión en pos de un ajuste fiscal que deja de lado a la gente".

"Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes", agregó la CGT en el documento.