Comenzó a las 9 de este miércoles la protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en rechazo a los 11.000 despidos ocurridos durante el último fin de semana. Tal como había adelantado el secretario general del Sindicato, Rodolfo Aguiar, los trabajadores desvinculados intentaban ingresar esta mañana en diferentes edificios públicos para ocupar sus puestos de trabajo. En este contexto, el Gobierno nacional, junto al de la Ciudad de Buenos Aires, reforzó la seguridad en los ministerios y otras dependencias públicas.

En el INADI -que el Gobierno decidió eliminar-, un cordón de agentes de la Policía Federal le impedía el ingreso a los manifestantes. La seguridad también fue reforzada en la Secretaría de Trabajo, punto central de la medida de fuerza a la que convocaron los estatales.

"Están llenando de policías las dependencias públicas. No hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero si hay plata para reprimir", denunció Aguiar a través de un posteo en X. En la misma publicación, adjunto un video donde se ve a un grupo de oficiales bloquear el ingreso a las oficinas.

"Pusieron de secretario de trabajo a un gerente de recursos humanos de uno de los grupos económicos más poderosos", agregó en alusión a Julio Cordero, que reemplazó en ese cargo al despedido Omar Yasín. "El gobierno de Milei decidió tercerizar el ajuste. Ahora la motosierra la tiene Techint. Pero les vamos a dar pelea y se la vamos a sacar!", acotó.

Pablo Moyano aseguró que anunciarán un "paro general o una gran marcha"

En las últimas horas, el ministro de Defensa, Luis Petri, remarcó también que el Poder Ejecutivo denunciará a quienes intenten tomar las sedes de organismos públicos y ministerios.

Sus declaraciones a TN van en línea con la advertencia que hizo la semana pasada el presidente Javier Milei. Fue al contestarle en X a un posteo del abogado Alejandro Fargosi, quien aseguró que el mandatario no dejaría pasar el intento de los estatales de ingresar a los edificios públicos. "Correcto", respondió el Jefe de Estado.

Aguiar, en tanto, insistió en que los despidos de los últimos meses son ilegales: "El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos. Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal".

Más de 50.000 contratos siguen en revisión

Como parte del plan de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional, 11.000 contratos habrían caído el último fin de semana largo de Semana Santa. La cifra coincide con los 15.000 que anunció la semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni, al aclarar los dichos del presidente Javier Milei sobre los 70.000 contratos que vencían el 31 de marzo.

Los 59.000 restantes, según agregó el portavoz, serían renovados por otros tres meses mientras continúa el proceso de auditoría que ordenó la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse.

"El objetivo es llegar a lo que corresponde", aseguró Adorni.