El Gobierno de Javier Milei derogó este jueves las resoluciones que exigían la paridad de género en empresas y asociaciones civiles, el pago de la pensión para las personas con discapacidad que poseen aportes laborales y cobran menos de cuatro jubilaciones mínimas, y la posibilidad de que los trabajadores rurales cobren beneficios sociales cuando tienen un empleo formal. 

Lo oficializó la Inspección General de Justicia, a cargo de Daniel Roque Vítolo, a través de la Resolución General 13/2024 del Boletín Oficial, en el que se derogan las Resoluciones 34/2020, 35/2020 y 42/2020 así como la 12/2021, todas publicadas durante la administración de Alberto Fernández.

De esta manera, las empresas y asociaciones civiles ya no tendrán la obligación de garantizar la conformación del directorio integrado por la misma cantidad de hombres que de mujeres. 

Así como también, se derogó la continuación del pago de la pensión no contributiva por invalidez para las personas que cuentan con este beneficio y perciben menos de cuatro jubilaciones mínimas en sus trabajos formales. 

A su vez, se eliminaron la posibilidad de que los trabajadores rurales que poseen aportes patronales puedan seguir cobrando los beneficios sociales como el Potenciar Trabajo y la tarjeta alimentar. Cabe destacar que, este era un pedido de muchos empleadores del sector, ya que el trabajo rural es temporal y los trabajadores no querían que se los formalice para no perder los beneficios. Sin embargo, la AFIP durante el período de cosecha controlaba que los trabajadores rurales estén formalizados.

El Gobierno argumentó que la paridad de género fue "invalidada" por la Justicia y apuntó contra la administración de Fernández

El argumento del Gobierno fue que la paridad de género fue "invalidada" por la Justicia tanto en el fuero Comercial como en el Contencioso Administrativo Federal "por sentencias firmes donde los camaristas señalaron que la IGJ había invadido facultades del Congreso”, según precisó Vítolo a través de su cuenta de X (ex Twitter).

En un amplio descargo, el funcionario agregó: “No es facultad del Poder Ejecutivo decirle a los particulares cómo deben constituir los órganos de las personas jurídicas que constituyen, cuando tienen la libertad que para ello les asigna la Constitución nacional”.

“La IGJ durante el gobierno anterior interpuso recursos extraordinarios ante la Corte para defender su posición y esos recursos fueron denegados, con lo que las sentencias que declararon la nulidad están hoy vigentes”, apuntó el funcionario.

Y cerró: “La decisión de IGJ de respetar los fallos judiciales es una muestra clara de respeto a la institucionalidad”.