Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.

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Se trata de los directores del Servicio de Inteligencia Argentina (SIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN). Habían sido nombrados tras la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia.
Dos directores de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) que ejercían ad honorem, dejarán de hacerlo y comenzarán a cobrar por sus cargos.
Mediante el Decreto 818/2024, el Poder Ejecutivo comunicó que las designaciones del director del Servicio de Inteligencia Argentina (SIA), Alejandro Walter Colombo, y su par de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), Alejandro Pablo Cecati, "dejan de revestir carácter ad honorem".
Ambas agencias forman parte la nueva estructura de la SIDE, restituida este año por el Gobierno nacional en reemplazo de la extinta Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En esta reestructuración, también se incorporó al sistema de inteligencia la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), a cargo de Ariel Waissbein, y la División de Asuntos Internos (DAI).
Mientras, la Secretaría de Inteligencia se encuentra en el centro de la discusión entre el Gobierno y la oposición por el Decreto que amplió en 100.000 millones de pesos sus fondos reservados.
Con el rechazo de Diputados, el Congreso se encaminaba a rechazar por primera vez en su historia un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Sin embargo, el Gobierno logró quitar esta resolución del temario establecido para la sesión de este jueves a las 14 en el Senado. A cambio, propuso una reunión informativa a puertas cerradas. La misma se llevaría adelante la semana próxima y estaría encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert.
Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.
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Las dos víctimas fueron identificadas como Mariano Latuff Zeballos y Ricardo Ferrer, ambos de la provincia de Santa Fe.
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La resolución fue impulsada por una acción de amparo presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores junto a seis beneficiarios afectados.
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