El Gobierno anunció la reestructuración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para achicar el gasto, reduciendo en un 80% el sueldo de los cargos jerárquicos y recotando el presupuesto y su estructura.

La medida se formalizó este martes a través con la publicación del Decreto 13/25 en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros de Economía y de Desregulación, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Anoche, por X, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipaba: "Se terminan los privilegios y el gasto desenfrenado en ARCA". "Desde hoy se reduce el sueldo del Director Ejecutivo y los directores generales en un 80%. Además, se dispuso una reducción del presupuesto del ARCA destinado a la cuenta de jerarquizacion del 0,65% al 0,60%, generando un ahorro de 121.000 millones de pesos correspondientes a sueldos de funcionarios durante este 2025", agregó el portavoz.

Además, indicó que el Poder Ejecutivo "instó a las autoridades del ARCA a que avancen con una reducción de la estructura inferior, estimando que ésta debe situarse en torno al 45%".

La reducción de los salarios en el organismo equipara el sueldo del Director Ejecutivo con el de un ministro y el de los directores generales de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), con la remuneración que perciben los secretarios de Estado.

Así, también queda sin efecto la Cuenta de Jerarquización para los altos cargos, lo que permitía que se reparta en tre los salarios de los trabajadores hasta el 0,65% de la recaudación. Ahora, el salario del titular de ARCA, Juan Pazo bajaría de $32 millones mensuales a $4 millones.

Este ajuste en la estructura del organismo se complementa con la creación de un Sistema de Retiro Anticipado para los trabajadores de la planta permanente. El mismo es de carácter voluntario y tiene un tope de 1.500 vacantes, buscando permitir “adelantar la indemnización que a modo de reconocimiento por los servicios prestados por los agentes, se encuentra contemplada en los convenios colectivos de trabajo vigentes para el personal del Organismo”.

Esta reestructuración se implementó "con el objeto de eficientizar los aspectos vinculados con la aplicación y fiscalización del régimen impositivo, aduanero y de la seguridad social”.

La reestructuración del organismo se da bajo el paraguas de la Ley Bases, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año y delegó en el Ejecutivo facultades de administración y emergencia.

En el texto oficial, se explicó que el objetivo de esa delegación es “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas”.