Pablo Grillo lleva seis meses internado en una compleja recuperación luego del disparo que recibió en la cabeza mientras documentaba la represión de una movilización de jubilados frente al Congreso.  

La lesión que sufrió Grillo fue provocada por una granada de gas lacrimógeno que destruyó parte de su cráneo, lo que requirió una serie de intervenciones médicas y la colocación de una prótesis. Esta semana serán indagados dos agentes: el cabo Héctor Guerrero, acusado de disparar fuera de protocolo hacia Grillo, y el oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez, de la Prefectura Naval, identificado por la misma investigación como responsable del disparo que dejó ciego a otro manifestante, Jonathan Navarro. 

La causa ya cuenta con reconstrucciones y análisis periciales, incluyendo pruebas fotográficas, videos recopilados por fiscales ciudadanos y organizaciones como Mapa de la Policía, y un informe balístico de la Policía Federal que confirma que el disparo de Guerrero fue horizontal, algo que está prohibido por los manuales de uso de fuerza de las propias fuerzas de seguridad. 

Grillo no ha podido retornar a sus actividades habituales: no puede hablar con normalidad y se comunica principalmente por gestos; tampoco ha podido trabajar ni votar. Su proceso de rehabilitación neurológica es lento, y distintos actores sociales, organizaciones de prensa, derechos humanos, asociaciones artísticas y vecinos, se sostienen en protestas, recordatorios públicos, y pedidos de justicia. El reclamo incluye no sólo la responsabilidad de quienes dispararon, sino también la exigencia de esclarecer la cadena de mando. 

Se investiga si hubo coordinación institucional, órdenes indirectas, o negligencias administrativas que permitieran el uso desmedido de la fuerza. En paralelo, se multiplican los actos públicos para visibilizar el caso, como concentraciones frente a Comodoro Py y actividades de solidaridad que refuerzan el pedido de sanción efectiva.