En el centro de la provincia de Santa Fe, en un predio rural de Arroyo Leyes, se desarrollaba una situación de explotación laboral severa: trabajadores migrantes, jornadas que arrancaban a las 2 o 3 de la madrugada, camas construidas con cajones de verdura, sin acceso a agua potable ni sanitarios, fueron parte del escenario que desencadenó la intervención judicial.

Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), junto con la Unidad Fiscal Santa Fe y otras agencias, estableció que el imputado, identificado como F.P., de 25 años, captó, trasladó y acogió al menos a 45 personas, incluyendo dos menores, en situación de vulnerabilidad, con el propósito de reducirlas a servidumbre mediante el trabajo agrícola en frutillas.

Durante el allanamiento se constató que los trabajadores dormían en galpones de chapa con pisos de tierra, carecían de baños adecuados, tomaban agua de pozo en bidones que contenían agroquímicos, y recibían linternas para continuar la cosecha durante la noche. El juez de Garantías dictó prisión preventiva de 150 días para el imputado, y fijó un plazo de 90 días hábiles para que la fiscalía amplíe la investigación.

El caso expone una problemática estructural en el ámbito de la agricultura de la región: la explotación de trabajadores en condiciones extremas, la captación de personas en situación de vulnerabilidad y el vínculo entre producción agropecuaria y ganancias económicas obtenidas mediante mano de obra precaria.

El productor preso enfrenta cargos bajo el delito de trata de personas con finalidad de reducción a la servidumbre, agravado por cantidad de víctimas, por su situación de vulnerabilidad y por menores de edad entre los afectados.