El gobierno de Nicolás Maduro salió a cruzar con dureza el anuncio de Donald Trump, quien este sábado declaró el “cierre total” del espacio aéreo venezolano. Para funcionario, la medida es “hostil”, “ilegal” y parte de una ofensiva que ya mezcla presiones diplomáticas, maniobras militares en el Caribe y mensajes directos a aerolíneas, pilotos e incluso redes delictivas.

La respuesta oficial llegó rápido y sin matices. El canciller Yván Gil calificó la decisión estadounidense como una “amenaza colonialista” que busca afectar la soberanía del país y denunció que viola principios básicos del Derecho Internacional. Según el gobierno venezolano, ninguna autoridad externa puede intervenir sobre su espacio aéreo, que —remarcaron— opera bajo normas de la Organización de Aviación Civil Internacional.

El anuncio de Trump no solo tiene impacto político: deja a miles de pasajeros a la deriva. En su comunicado, Caracas afirmó que la suspensión bloquea vuelos de deportación ya programados por Estados Unidos y afecta a ciudadanos que tenían pasajes confirmados en aerolíneas comerciales. Ante este escenario, el Ejecutivo activó un “plan especial” para traer a los venezolanos varados en otros países y garantizar salidas para quienes necesiten viajar.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue quien detalló la iniciativa y denunció que el cierre aéreo busca aislar al país en un contexto de alta fricción geopolítica. También aseguró que Venezuela ya puso en marcha los mecanismos internacionales para exigir el “cese inmediato” de la medida, mientras convoca a otros gobiernos de la región a repudiar lo que define como un “acto de agresión inmoral”.

El nuevo choque entre Washington y Caracas vuelve a poner a Venezuela en el centro de un tablero diplomático que combina sanciones, disputas por soberanía y un clima regional cada vez más sensible. Y confirma algo que ya venía insinuándose: la relación entre Maduro y Trump está otra vez en su punto más tenso.