El Gobierno argentino expuso su posición ante la Corte Penal Internacional durante la Asamblea de Estados Parte que se desarrolla en La Haya, donde planteó la necesidad de que el tribunal avance con medidas vinculadas a la situación política y humanitaria de Venezuela. El representante enviado por la Casa Rosada, Diego Emilio Sadofschi, intervino en la sesión en el marco del debate sobre el estado de las investigaciones abiertas por la CPI.

Durante su participación, Sadofschi mencionó que “la situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata”. Al referirse al proceso electoral en el que Edmundo González fue proclamado ganador, señaló que no se produjeron progresos desde que la fiscalía del tribunal comunicó en noviembre de 2021 la “conclusión del examen preliminar”.

En su exposición también planteó que “las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad, que perpetra el régimen venezolano, requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas”. Según explicó, entre las medidas reclamadas se encuentra “el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”, pedido que incluyó las detenciones de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y Justicia.

Las palabras del representante argentino motivaron una respuesta por parte del delegado venezolano, Hector Constant Rosales. En su intervención sostuvo que el Gobierno argentino debería “ocuparse del régimen de los derechos humanos y de su compromiso internacional” y añadió: “Desde junio de este año hemos notado con vergüenza cómo Argentina ha votado en cinco resoluciones de Naciones Unidas, todas ligadas al tema derechos humanos”.

De acuerdo con la delegación argentina, esos señalamientos fueron considerados “agraviantes” por Sadofschi, quien al finalizar volvió a solicitar al tribunal “medidas concretas y urgentes” en relación con el expediente que involucra a las autoridades venezolanas.