Un nuevo escándalo sacude a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Denuncias internas y sindicales apuntan contra su presidente, Demian Reidel, por presuntas irregularidades en licitaciones millonarias, con sobreprecios de hasta el 140% en servicios clave de la central nuclear Atucha. El caso ya generó desplazamientos de funcionarios, amenazas de judicialización y volvió a poner bajo la lupa el proceso de privatización parcial de la empresa estatal.

La denuncia se originó a partir de una licitación para el servicio de limpieza de un sector de la Planta Atucha por un período de dos años. Según la documentación presentada, los requisitos del concurso habrían sido diseñados de manera tal que dejaron fuera a la mayoría de las empresas interesadas, ya que de nueve oferentes, solo tres lograron cumplir las condiciones para competir.

Lo llamativo es que quedaron excluidas firmas que ya venían prestando el servicio “a satisfacción de la empresa” y con costos similares a los vigentes, mientras que las propuestas habilitadas presentaron cifras muy superiores. La oferta más baja fue la de la empresa LX Argentina que superaba en un 140% el valor que actualmente cobra la contratista Claryty.

Aunque las otras dos compañías que participaron también ofertaron montos millonarios: La Mantovana propuso más de $11.441 millones y Limpiolux más de $11.387 millones. “Fue todo muy dirigido hacia quien se pretendía que gane esta licitación”, denunció Fernando Pérez, secretario general de ATE Zárate y trabajador de Atucha desde hace 37 años.

La denuncia

La denuncia formal fue presentada ante el Comité de Integridad de NASA por el gerente de la Planta Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, un técnico de carrera con más de 25 años en la empresa. En el escrito, detalló cronológicamente una serie de irregularidades y sostuvo que dos trabajadores estaban siendo utilizados como chivos expiatorios.

Según Pérez, la conducción de la empresa intentó responsabilizar y despedir a los contadores Martín Reina y Gabriel Blejer. Sin embargo, ambos fueron sobreseídos esta semana y se les retiraron todas las acusaciones. Incluso el propio Reidel firmó un documento donde reconoció que los hechos “no afectan el buen nombre, reputación y honor” de los trabajadores, a quienes semanas atrás se intentó sancionar.

La gravedad del caso obligó al directorio de Nucleoeléctrica a frenar la contratación y desplazar a dos funcionarios de máxima confianza de Reidel como lo eran el gerente general Marcelo Famá y el gerente de Coordinación Administrativa Hernán Pantuso. En su lugar fue designado Fernando Monserrat, un técnico con trayectoria interna y respaldo del personal.

Desde el sindicato advierten que las irregularidades no son un hecho aislado. “Creemos que hay empresas vinculadas a funcionarios de otros organismos del Estado que también estaban en carrera”, señaló Pérez, quien adelantó que la denuncia será llevada a la Justicia.

El escándalo se da en un contexto de fuerte conflicto dentro de la empresa, atravesada por el plan de privatización parcial impulsado por el Gobierno de Javier Milei. NASA es una empresa estatal superavitaria y, según denunciaron los trabajadores, el 44% de sus acciones será entregado a privados en el marco de la Ley Bases.

En paralelo, en los últimos dos años se produjeron más de 300 despidos y se proyectaba una reducción aún mayor del plantel. Además, fue paralizado el reactor CAREM, un proyecto estratégico de desarrollo nuclear nacional que empleaba a más de 1.500 trabajadores.

Para los gremios, los presuntos sobreprecios, las licitaciones direccionadas, los despidos y el freno a proyectos estratégicos forman parte de una misma lógica, un “vaciamiento previo a la entrega”.