Cristina Fernández de Kirchner presentará un reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su condena en la causa denominada Vialidad. Para llevar adelante la internacionalización de su situación judicial, la ex presidenta contrató a Rafael Valim, un reconocido jurista brasileño que defendió a Lula da Silva en el causa Lava Jato, y a Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La ex vicepresidenta rompió el silencio este miércoles a través de una columna de opinión publicada en medios internacionales, como El País de España.

En el primer párrafo, CFK -condenada a seis años de prisión por corrupción con la obra pública en Santa Cruz e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos- abre el artículo con una advertencia sobre el rol del Poder Judicial en la vida democrática de una nación: "Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido".

En ese sentido, calificó el proceso judicial al que fue sometida como una persecución política e institucional orientada a lograr su proscripción y sostuvo que la exclusión de un dirigente de la vida política de un país "mediante el uso abusivo del sistema de justicia constituye una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo". "No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política", alertó.

En simultáneo, la defensa de Cristina Kirchner realizó una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas bajo el argumento de que no se respetaron garantías previstas en pactos internacionales suscritos por Argentina. 

En esta nueva etapa del pleito judicial, la representación de la ex presidenta estará encabezada por Rafael Valim, jurista brasileño y abogado de Lula en la causa Lava Jato, y Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento", fundamentó.

Fernández de Kirchner aseguró que en los últimos años fue sometida a un proceso "marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino".

Para la ex vicepresidenta, "no se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la presidencia de la nación argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes".