En el marco de la causa judicial que investiga el ataque de sicarios contra la abogada Nadia Beller, el ex consultor político Fernando Cerimedo declaró este jueves de forma voluntaria en Bolivia. Luego de haberse negado a hablar en dos oportunidades anteriores, el imputado prestó testimonio ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde rechazó cualquier tipo de participación en el hecho e intentó encuadrar el vínculo con la víctima en el plano personal.

Al reconstruir cómo se conocieron, detalló los primeros contactos que mantuvieron en el país andino. Según consta en el testimonio que se conoció en las últimas horas, el acusado sostuvo: “La conozco desde octubre de 2025. Nos conocimos a través de un amigo común, por la campaña con Ideas Universidad de Santa Cruz”. Además, sobre la convivencia posterior en la capital, agregó: “En diciembre de 2025 firmé el decreto 5515; ella me hizo observaciones y tomamos un café. Se empezó a quedar en mi departamento en La Paz. Tuvimos una relación más de amistad, con ética y respeto”.

Respecto al momento en que ocurrió el atentado en el hotel Viru Viru, brindó su versión: "El día domingo, nos vimos, me dijo que iba al hotel. El lunes se quedó en el hotel y yo me fui a La Paz en el vuelo de las 06:00". Sin embargo, la investigación judicial lo señala como el supuesto autor intelectual del hecho al haberla convencido de ir al lugar con la promesa de custodios armados y la excusa de obtener datos sobre un caso de abuso vinculado al ex presidente Evo Morales.

La acusación llevada adelante por los fiscales Aguilera y Rodríguez Cuevas encuadró el expediente bajo la figura de feminicidio en grado de tentativa, un delito que en la legislación boliviana prevé hasta 30 años de prisión sin indulto.

Ante el riesgo de fuga y la falta de residencia o trabajo acreditados en el país, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro-Chonchocoro. El planteo sostiene que el ataque habría sido planificado a distancia mediante comunicaciones telefónicas con los ejecutores materiales.

A la espera de que se concrete la audiencia para definir las medidas cautelares, el proceso avanza con la recolección de pruebas fundamentales. La Justicia enfoca sus tareas en el análisis de las llamadas de teléfono, el registro del lugar del hecho y el intento de fuga. En los próximos días también se realizarán peritajes balísticos e informáticos, al tiempo que se tomará declaración al personal del hotel y a los médicos de la ambulancia que asistieron a la víctima.