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Massa acelera el armado federal del Frente Renovador desde La Rioja
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Mediante la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno de La Rioja puso en marcha un régimen para regular los créditos de consumo y limitar prácticas calificadas como abusivas. La medida establece el Régimen de Protección Integral de Usuarios de Crédito para Consumo de la Familia Riojana. A través de este marco jurídico, busca frenar el sobreendeudamiento y las refinanciaciones que afectan los ingresos.
Al momento de presentar la normativa, las autoridades remarcaron que el objetivo no es restringir el financiamiento, sino fijar topes a los esquemas con intereses elevados. Al referirse al contexto actual, Ricardo Quintela afirmó: "Atravesamos una situación de extrema gravedad que requiere una respuesta concreta del Estado provincial". El gobernador señaló además que la gente pide dinero para saldar compromisos anteriores y no para mejorar su calidad de vida.
La iniciativa se complementa con otra acción previa impulsada por la provincia en materia financiera. En ese sentido, se promulgated una ley que frena por 180 días las ejecuciones prendarias en el territorio. Si bien esta norma no borra las deudas ni altera los contratos firmados, impone una pausa procesal para que los deudores y acreedores puedan negociar antes de que se concrete la pérdida de los bienes entregados en garantía.
Como antecedente directo, el Gobierno riojano citó una investigación de la División de Delitos Económicos que concluyó con la detención de un prestamista clandestino. El acusado entregaba fondos informales y presionó a una víctima hasta hacerla ceder un terreno. Sobre este punto, Quintela advirtió que se detectaron operaciones con tasas superiores al 1000%, un indicador que motivó el endurecimiento de la fiscalización estatal.
De esta manera, la provincia expande su intervención sobre el mercado de financiamiento para el consumo, tras haber establecido regulaciones en descuentos por planilla y ejecuciones. La aplicación concreta de este nuevo esquema quedará sujeta a la reglamentación posterior, donde se definirá la facultad del Ejecutivo para controlar tanto a las entidades formales como a los prestamistas informales.
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