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Aprobación unánime en el Consejo de la Magistratura para el plan presupuestario de 2027
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La iniciativa redefine el rol del BCRA, prohíbe el financiamiento al Tesoro y endurece las condiciones para remover a sus autoridades. También introduce cambios sobre el uso de las reservas y las utilidades. Ahora el proyecto gira al Senado.

El Gobierno consiguió avanzar en el Congreso con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que establece nuevas reglas para el financiamiento al Estado, el manejo de las reservas y la estabilidad de sus autoridades.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados en general por 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones y ahora gira al Senado, donde también deberá superar la discusión para convertirse en ley. El objetivo declarado por el oficialismo es reforzar la autonomía de la autoridad monetaria y cerrar las vías que permitieron durante diferentes gobiernos financiar al Tesoro mediante emisión.
Sin embargo, algunos artículos encendieron la discusión con la oposición, particularmente aquellos relacionados con la posibilidad de utilizar determinados activos como garantía en operaciones del Banco Central y el mecanismo previsto para remover a los integrantes de su directorio.
Uno de los cambios más importantes está en la propia definición de las funciones del BCRA. La reforma establece como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda.
De esta manera, elimina parte de los objetivos incorporados con la reforma de la Carta Orgánica de 2012, cuando se estableció que el organismo también debía promover la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
La modificación busca concentrar la actuación del Banco Central en la estabilidad monetaria y el control de la inflación, uno de los argumentos centrales utilizados por el oficialismo para defender el proyecto.
La reforma también busca poner un límite legal al financiamiento del sector público por parte del Banco Central. Entre otros puntos, elimina los adelantos transitorios al Tesoro y restringe otras formas de asistencia financiera directa o indirecta.
La prohibición alcanza no sólo al Estado nacional sino también a las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.
El Gobierno pretende así impedir que futuras administraciones recurran nuevamente a la emisión monetaria para financiar desequilibrios fiscales. El cambio también incluye la prohibición de emitir nuevas Letras Intransferibles, instrumentos utilizados en distintos momentos para que el Tesoro obtuviera reservas internacionales a cambio de títulos que quedaban en poder del Central.
Otro de los puntos del proyecto apunta a restringir la transferencia de ganancias del Banco Central hacia el Tesoro.
La intención es evitar que puedan distribuirse como recursos disponibles utilidades que surjan únicamente de modificaciones contables, como cambios en la valuación de determinados activos y que no impliquen una ganancia efectivamente realizada.
Las ganancias que sí puedan distribuirse tendrán además un destino condicionado: deberán utilizarse para cancelar deuda pública.
El manejo de los activos del Central fue uno de los capítulos que mayores cuestionamientos recibió durante el tratamiento en Diputados.
El proyecto establece que el BCRA podrá utilizar activos como reservas en oro, activos financieros y dinero líquido como garantía en operaciones propias, entre ellas determinadas operaciones de financiamiento.
Desde Unión por la Patria cuestionaron especialmente ese artículo. El diputado Guillermo Michel sostuvo que la modificación le permite al organismo utilizar activos como garantía para tomar deuda.
La reforma también habilita al Central a disponer que parte de los requisitos de reserva de las entidades financieras pueda integrarse con títulos públicos valuados a precios de mercado.
El oficialismo, por su parte, sostiene que las modificaciones actualizan las herramientas disponibles para que el organismo opere con títulos, divisas y otros activos financieros dentro de la ejecución de la política monetaria y cambiaria.
La iniciativa también modifica las condiciones para desplazar al presidente y a los integrantes del directorio del BCRA.
Si el proyecto se convierte en ley, su remoción necesitará el respaldo de dos tercios de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, una mayoría especial que busca reducir la posibilidad de que un cambio de gobierno derive automáticamente en un recambio de autoridades.
Los mandatos continuarán siendo de seis años. El cambio, por lo tanto, no está en su duración sino en las condiciones necesarias para interrumpirlos.
Este punto también quedó en el centro de las críticas opositoras debido a la situación actual de Santiago Bausili, presidente del BCRA, cuyo pliego todavía no fue aprobado por el Senado y permanece en el cargo en comisión.

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