La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Luego de obtener el préstamo, el Presidente realizó la tranferencia para pagar el reparo por la Fiesta en Olivos durante la cuarentena de Covid-19. En las próximas horas, el juez debería cerrar el expediente.
Alberto Fernández realizó la transacción este jueves por la tarde, por la suma de $3 millones a la cuenta bancaria del Instituto Malbrán para cumplimentar los acuerdos alcanzados en el marco de la causa por la Fiesta en Olivos. Las transferencias realizadas fueron dos: una por $1,6 millón y otra por $1,4 millón. Ahora solo resta que el juez Lino Mirabelli firme el sobreseimiento del presidente y la primera dama, Fabiola Yañez.
El Presidente accedió a un crédito personal de igual monto a lo que debía pagar para reparar el daño causado por la Fiesta de Olivos, el préstamo abarcaba el monto que debía pagar Fernández y Yañez, ya que la primera dama no percíbe haberes.
El lunes pasado, el juez homologó los acuerdos celebrados con la Fiscalía, ya que eran “proporcionales” al daño causado. "No se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado y acordado con el Ministerio Público Fiscal, sea inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales que demanda el instituto", argumentó el letrado.
El "reparo" que propusieron Fernández y Yañez "cubría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI", detalló el fiscal. Por ello se acordó y se cerró la causa. A partir de ello, el Presidente tenía hasta diez días hábiles para depositar el dinero en la cuenta bancaria del Instituto Malbrán.
Una vez que se concretaron las dos transferencias, los abogados del Presidente y la primera dama informaron al juzgado con los comprobantes de transferencia. Ahora el juez deberá constatar que se acreditaron las transferenicas y luego firmar el sobreseimiento.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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