El único pedido fue que se cambie el domicilio para preservar la tranquilidad del barrio y por motivos de seguridad.

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Según los relevamientos realizados, unas 1.048 personas podrían ser indultadas en caso de ser aprobado el proyecto.
Diputados que responden al Gobierno encabezado por Sebastián Piñera pidieron hoy al Senado que acelere la tramitación de la Ley de Indulto General a los presos del estallido social de 2019 para poder rechazar la iniciativa.
Contemplando que una eventual aprobación enviará "una muy mala señal a la ciudadanía" y una "sensación de impunidad", el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, planteó que se pidió a los legisladores que "hagan todos los esfuerzos políticos para que ese proyecto sea retirado o bien rechazado en votación".
Ossa agregó además que comparte la preocupación de los diputados oficialistas y que le "parece una muy mala señal a la ciudadanía" la posibilidad de que la normativa sea aprobada.
Por su parte, el diputado Guillermo Ramírez, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), consideró que “esto es un proyecto de indulto de delitos que son gravísimos y no pueden ser pasados por alto”.
Sin embargo, el senador independiente Pedro Araya recordó que precisamente los diputados oficialistas son quienes obstaculizaron hasta aquí el avance del proyecto y propuso al presidente Piñera que intervenga para darle celeridad.
“Si tanto le interesa al Gobierno que se vote el proyecto de indulto, yo emplazo al presidente Piñera a que le coloque discusión inmediata”, planteó.
La flamante presidenta del Senado, Ximena Rincón, refirió que el proyecto de indulto “es parte de una moción de parlamentarios y tendrá que avanzar como otros proyectos de ley”.
La normativa ahora en agenda propone conceder un indulto general (por razones humanitarias) a quienes fueron imputados o condenados en el marco de las manifestaciones que tomaron lugar desde el 7 de octubre de 2019 hasta el 9 de diciembre de 2020.
Según un estudio elaborado por abogados expertos en derechos humanos, unas 1.048 personas podrían ser indultadas en caso de ser aprobado el proyecto.
La mayoría de los imputados son jóvenes de entre 20 y 40 años, acusados por los delitos de saqueos a cadenas de supermercado, formación de barricadas y utilización de bombas molotov.
El proyecto de Ley de Indulto General fue aprobado en particular y de forma dividida en la Comisión de Constitución del Senado, razón por la cual fue remitida al recinto de la Cámara para su votación en General. El siguiente paso corresponde a que vuelva a la comisión y allí se le incorporen posibles modificaciones.
El único pedido fue que se cambie el domicilio para preservar la tranquilidad del barrio y por motivos de seguridad.
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