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La ONU, a través de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (Acnudh), publicó un informe sobre la represión ocurrida durante los últimos meses en Chile desde que se desató el estallido social a medidados de octubre.
El informe evidenció el "uso excesivo o innecesario de la fuerza, muertes, lesiones, torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias".
Son 35 páginas que apuntan al presidente chileno, Sebastián Piñera, ya que existen razones "fundadas" para demostrar el "elevado número de violaciones graves" a los derechos humanos.
La publicación es el resultado de la visita de una misión entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre para verificar dichas violaciones.
Según la Acnudh, las violaciones denunciadas se cometieron en todo el territorio pero con preponderancia en la Región Metropolitana de Santiago de Chile.
Para el informe, Carabineros, la policía chilena, "incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente" y repudió el uso "desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia".
Las lesiones oculares fueron uno de los fenómenos tristemente destacados durante las manifestaciones por los altos índices registrados: "número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo".
La ONU también documentó "cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado", además de "numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales".
"Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían `desaparecidas', equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados", explicitó el texto.
El texto también hace énfasis en "el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los DDHH pese al gran número de denuncias y acciones judiciales", así como "la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas".
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