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La semana pasada, en el marco de una cadena nacional encabezada por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se anunció un paquete de medidas económicas dentro de las cuales destaca la quita de subsidios a los combustibles (gasoil y nafta).
Buscando liberar los 1400 millones de dólares anuales que este gasto supone para el Estado y en el marco de un paquete de reformas auspiciadas por el FMI, se anunció el recorte. En menos de un día la nafta pasó de valer 1,85 US$ a 2,22 US$ y la gente salió a la calle.
Ahora bien, cuando uno mira de qué está hecho ese número se da cuenta de que 1170 millones están orientados al diésel, que sirve fundamentalmente para el transporte de mercancías y para el transporte público. La porción que afecta a la nafta en tanto, la que afecta principalmente a los autos y el transporte privado explica los 330 millones restantes.
Así lo plantea Pablo Ospina Peralta, quien sostiene que el Gobierno decidió que el 75% más pobre de la población, que usa el transporte público, tiene que pagar el 78% del costo de la eliminación del subsidio, mientras que el 25% más rico de la población debía pagar el 22% restante.
Con el toque de queda anunciado en las últimas horas y su consecuente reducción en la libertad de tránsito y movilidad entre las 20 y las 5 por un lado, han aparecido dos actores de gran peso en la sociedad y política nacional.
Por un lado, el ex Presidente Correa, que tiene más de una docena de expedientes abiertos en su país y reside en Bélgica desde que terminó su mandato, llamó a convocar elecciones anticipadas ante las protestas ciudadanas contra sus medidas económicas y se ofreció a ser candidato.
El otro actor es la Confederación de Entidades Indígenas del Ecuador que en gran medida forzó desde sus movilizaciones a que Moreno mude la sede de gobierno a Guayaquil.
A partir de los noventa, el movimiento indígena se constituye en el referente de los movimientos sociales en el Ecuador y han sido en muchas oportunidades el antecedente en la salida de los mandatarios nacionales.
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