Luego de la solicitud de su defensa, la justicia le concedió la prisión domiciliaria para el genocida Miguel Etchecolatz, según se pudo conocer tras el fallo realizado por los jueces José Martínez Sobrino, Julio Luis Panelo y Fernando Canero.

Las autoridades judiciales remarcaron "que la situación del imputado encuadra dentro de las previsiones de la normativa reseñada, tratándose del geronte con mayor edad en institución carcelaria en todo el ámbito penitenciario federal".

La solicitud del abogado Carlos Ranuschio se había basado en "la existencia de un delicado cuadro de salud que amerita el otorgamiento del beneficio solicitado, ya que resulta claro que, más allá de la cronicidad de las patologías que padece el nombrado, con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de progresivo deterioro de su salud y estado clínico general".

Justamente el acusado, de 88 años, había sufrido tiempo atrás un ACV dentro de la cárcel, por lo que tuvo que trasladarse al hospital de Ezeiza. 

 "Teniendo en cuenta que el encierro no parece conveniente ni se advierte como una medida indispensable para asegurar los fines del proceso, consideramos que se debe modificar la modalidad restrictiva de libertad de Miguel Etchecolatz", señalaron los magistrados.

Con esta nueva medida, el represor vivirá en el hogar de la calle Nuevo Boulevard del Bosque, entre Guaraníes y Tobas, ubicado en la Ciudad de Mar del Plata, donde tendrá "un dispositivo de monitoreo electrónico" y vivirá junto a su esposa, que oficiará de "garante en el cuidado".

Sin embargo, la justicia sostuvo que, a pesar del beneficio, "se prohíbe la tenencia de armas de cualquier tipo en el domicilio consignado para cumplir el arresto".

El exjefe de la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense fue condenado en seis oportunidades por crímenes de lesa humanidad. En la actualidad enfrenta otro juicio oral por hechos que se produjeron en las dependencias de la Comisaria 1 de la localidad de Monte Grande y en la ex-División Cuatrerismo de la Bonaerense, del partido de La Matanza.

Cuando la fuerza era comandada por el fallecido represor Ramón Camps, tuvo a su cargo los 21 campos clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en territorio bonaerense durante la dictadura.
  

Además, la desaparición de Julio López se produjo días después de que el testigo declarara en una causa en su contra, en 2006.