El “PAMI y todos los organismos son rehenes de las empresas que desabastecen y especulan con la salud de los argentinos”, advirtió ayer Luana Volnovich, titular de la entidad. La frase hace referencia a la denuncia por sobreprecios en la compra de alcohol en gel realizada por el PAMI. El debate sobre las adquisiciones efectuadas por organismos públicos escapa el alcance de este artículo. Sin embargo, nos interesa profundizar sobre el contenido de las declaraciones de la funcionaria: ¿Son todos los organismos estatales rehenes de las empresas?

Si recordamos las enfáticas declaraciones del presidente Alberto Fernández, la respuesta debería ser rotundamente negativa. “Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan”, lanzó la semana pasada. Siguiendo las declaraciones del jefe de Estado, las empresas deberían cuidarse de la intervención estatal, una situación inversa a la descrita por Volnovich. 

La única verdad es la realidad

El presidente hacía referencia al caso Techint. La empresa comandada por Paolo Rocca, el hombre más rico de la Argentina según Forbes, había anunciado el despido de 1450 trabajadores. A las pocas horas de su discurso, Alberto firmaba un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) prohibiendo los despidos por 60 días. Incluso, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, intimando a la compañía a revertir su decisión. Pese a todo esto, el gigante metalúrgico efectivizó durante esta semana la cesantía de los trabajadores. 

Otras grandes empresas siguieron los pasos del Grupo Techint. Mirgor, empresa manufacturera fundada por Mauricio Macri y Nicolás Caputo, despidió 745 operarios de su fábrica de celulares localizada en Tierra del Fuego. En la misma línea, gigantes del “fast food” como McDonalds y Burger King recortaron hasta el 50% del salario de sus empleados. Rápidamente, Mostaza, Wendy’s, Starbucks, Freddo, entre otras, efectivizaron la misma política, en diferentes porcentajes. 

Evidentemente, las empresas mencionadas no son Pymes de barrio, sino que estamos frente a algunos de los grandes grupos económicos que operan en el país. Pese a las normativas impuestas por el Gobierno nacional, estos “miserables” deciden incumplirlas y continuar su vida, aparentemente, con impunidad.  

¿Quién paga los platos rotos?

Estas resoluciones de los grandes empresarios nacionales son una muestra de lo que se viene. Es que los efectos económicos del aislamiento social, preventivo y obligatorio recién están comenzando a sentirse. Es un hecho que la cuarentena continuará prorrogándose hasta aplanar la curva de contagios, y está bien que así sea. Sin embargo, las consecuencias económicas se agravarán con el paso del tiempo.

A la luz de los despidos y recortes salariales, vale preguntarse si el Gobierno decidió abandonar la línea argumental inaugurada por el presidente. Si esto es así, Volnovich está en lo cierto, y somos todos rehenes de las empresas. Si la administración central no puede frenar estas acciones de las empresas, tenemos que discutir cómo paliar sus efectos. Hay un consenso generalizado sobre la necesidad de aumentar el gasto público con este objetivo.

El debate que se desprende es cómo financiarlo. Acá adquieren relevancia los proyectos para gravar las grandes fortunas. Algunos lectores sabrán que no se está discutiendo nada nuevo, en un país donde el 1% de su población más rica declara activos por u$s 89.252 millones en Bienes Personales (según el Anuario Estadístico 2017 de AFIP). Está claro que este segmento está compuesto por quienes dirigen las empresas mencionadas en el apartado anterior. 

Las consecuencias de la clausura en la actividad económica serán profundas. El primer paquete de medidas lanzado por el Gobierno resultará insuficiente y los funcionarios son conscientes de esto. En consecuencia, financiar nuevas medidas de estímulo mediante emisión monetaria es peligroso en este contexto. Es por estos motivos que avanzar en un impuesto progresivo sobre los “ricos” de nuestro país adquiere mayor relevancia en este marco de emergencia. 

Como mencionamos anteriormente, la disputa sobre las consecuencias económicas del virus recién comienza. Alberto todavía está a tiempo de probar que Luana no tiene la razón. Para ello deberá hacer cumplir su palabra y su firma estampada en el Decreto. Finalmente, un impuesto sobre las grandes riquezas tiene perfecto sentido para “que ganen un poco menos esta vez”.