El presidente Alberto Fernández firmó el decreto del régimen de exención de retenciones a las exportaciones incrementales de la industria automotriz y anunció el envío del proyecto de Ley de Promoción Inversiones para ese sector y su cadena de valor.

Junto al mandatorio estuvieron presentes en el anuncio el ministro de Economía, Martín Guzmán y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; además de los distintos actores del sector automotriz.

Actualmente el sector automotor exporta más del 50% de su producción, representando el 35% del total de las exportaciones de manufactura industrial del país.

El comercio exterior de la industria automotriz representa el 6,6% del PBI Industrial y aporta 2.968 millones de dólares anuales a la recaudación impositiva.

“La actividad automotriz es en términos industriales para nosotros una suerte de nave insignia, entonces tiene que funcionar muy bien, tiene que producir y crecer mucho”, sostuvo Alberto Fernández.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), Daniel Herrero, destacó la medida y resaltó la importancia que tiene para el desarrollo del sector automotor, que se caracteriza por su alto perfil exportador y el rol clave dentro del entramado industrial y en el desarrollo económico y social del país.

Proyecto de Ley de Promoción Inversiones

Además, se anunció el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Promoción Inversiones en la Industria Automotriz y su Cadena de Valor, cuyo objetivo será generar puestos de trabajo de calidad, impulsar el desarrollo de nuevos modelos, fomentar el perfil exportador del sector y una mayor integración de autopartes locales.

La iniciativa legislativa propone la creación de un régimen de fomento con beneficios impositivos a nuevas inversiones en el sector automotriz para el desarrollo de toda cadena de producción, desde vehículos a autopartes; y para el impulso de la adquisición de bienes de capital nuevos, inclusive de infraestructura.

Plantea, a su vez, la creación del Instituto de la Movilidad, un ente de derecho público no estatal que buscará coordinar entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, el Estado Nacional, los trabajadores y las instituciones de apoyo científico y tecnológico.