La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Fue acusado en tribunal federal de obtener fraudulentamente casi cuatro millones de dólares.
La pandemia del coronavirus ha despertado grandes acciones solidarias para ayudar a quienes más sufren la crisis. Sin embargo, al mismo tiempo existen personas que sacan provecho de esta situación para beneficio propio. Lo mejor y lo peor del ser humano.
David Hines es un hombre de 29 años de Miami que utilizó la plata obtenida para comprarse un Lamborghini Huracan 2020, cuando en realidad era para paliar la crisis generada por el coronavirus.
Fue acusado en tribunal federal de obtener fraudulentamente 3.9 millones de dólares de un programa de fondos para aliviar la crisis de la pandemia. Lo acusan de fraude bancario, declaraciones falsas a una institución financiera y de participar en transacciones en ganancias ilegales.
Aprovechó el programa Paycheck Protection Program, que brinda ayuda de emergencia a los estadounidenses durante la pandemia. Las pequeñas empresas que califican pueden solicitar préstamos para cubrir gastos como retención de empleo, intereses hipotecarios, alquileres y servicios públicos.
Cuando pidió el préstamo dijo que tenía cuatro negocios con 70 empleados y 4 millones de dólares en gastos mensuales. Luego, en una declaración jurada explicó que en realidad sus gastos mensuales totalizaron alrededor de 200.000 dólares.
El Departamento de Justicia aseguró que Hines compró un Lamborghini Huracan 2020 por una suma 318.000 dólares “registrado conjuntamente a su nombre y al nombre de una de sus compañías”.
También derrochó el dinero en “joyas de lujo, ropa cara, visitas a centros turísticos en Miami Beach y gastos en sitios web de citas”, según se explica en el New York Time. Con todas estas acusaciones se enfrenta a hasta 70 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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