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Por Florencia Caro Sachetti y Luciana Petrone, coordinadoras del programa de Protección Social de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
La pandemia empeoró la calidad de vida de todas las personas; en particular, la de las mujeres. Los impactos de esta crisis pueden perdurar en el largo plazo y generar retrocesos en el camino hacia la igualdad de género. Sin embargo, también son una oportunidad para transformar paradigmas: si las estrategias de recuperación incluyen el enfoque de género, estaremos un paso más cerca de transversalizar esta perspectiva en las políticas públicas.
¿En qué consisten los efectos de género de la pandemia? Las mujeres se concentran en los sectores más amenazados por la crisis. En el Gran Buenos Aires, 12,5% de las jefas de hogar perdieron su trabajo, en comparación con un 7,2% de los varones. Luego del segundo trimestre de 2020, las jefas de hogar que conviven con su pareja fueron el único grupo cuya tasa de actividad no se recuperó.
Posiblemente por efecto de la mayor demanda de cuidados que recae, más que nunca antes, sobre ellas. Además, 6 de cada 10 hogares con niños/as y jefa de hogar viven en la pobreza, en comparación con 5 de cada 10 liderados por un varón. Así, el género acentúa la situación de vulnerabilidad.
Estas consecuencias exigen una respuesta política integral, interseccional y sensible al género que aborde la crisis actual, la recuperación y la pospandemia. La transversalización de la perspectiva de género implica el reconocimiento de los efectos diferenciales de las políticas entre los géneros y la voluntad de aplicar medidas concretas para reducir brechas.
A pesar de los beneficios que supone esto, solo el 20% de las políticas laborales y sociales implementadas a nivel global en respuesta a la pandemia incluyen un enfoque de género. En Argentina, la proporción asciende al 60%.
La disponibilidad de datos desagregados por género es crucial para identificar brechas y así diseñar, implementar y evaluar políticas sensibles al género. Antes de la pandemia apenas el 31% de los países reportaba metas de desarrollo sostenible por sexo.
En febrero de 2021, solo uno de cada dos países publicaba datos epidemiológicos de manera desagregada; es decir que solo la mitad de los países distinguía el género en casos positivos, personas recuperadas y fallecimientos. Además, la situación sanitaria provocó demoras y suspensiones en la recolección de datos.
Es fundamental promover procesos participativos para diseñar procesos de recolección de datos desagregados, co-crear soluciones, unificar definiciones y garantizar la utilidad de la información. Además, cabe pensar estrategias que excedan la lógica binaria.
A partir del diagnóstico de género, es posible identificar desafíos y definir objetivos de política acordes a cada necesidad. Para este fin, es crucial analizar exhaustivamente políticas, leyes y regulaciones implementadas, adaptadas o escaladas para identificar posibles impactos diferenciales por género, así como también vacíos y solapamientos programáticos.
Para tener éxito, es necesario contar con apoyo político al más alto nivel del gobierno, así como garantizar las capacidades técnicas necesarias dentro de los equipos de trabajo. En esta línea, las herramientas de evaluación de impactos de género pueden ser valiosas para identificar los efectos durante el ciclo de políticas y crear una línea de base para análisis futuros.
La asignación de recursos revela las prioridades de política de cada gobierno. Sin un presupuesto con perspectiva de género, cualquier intento por reducir las inequidades queda a mitad de camino. Es crucial identificar los efectos diferenciados por género de cualquier gasto público.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) distingue tres elementos clave para su implementación exitosa: apoyo y liderazgo político; herramientas de implementación; y capacidades técnicas, tanto entre los equipos como en términos de infraestructura.
Previo a la pandemia, más de 80 países implementaban este enfoque. Uno de ellos es Argentina. Continuar en esta senda es vital para promover un verdadero abordaje transformador que garantice la transversalidad de género en las políticas públicas.
La integración de la perspectiva de género implica esfuerzos sistémicos, integrales y de largo plazo por parte de los gobiernos. Por lo tanto, es necesario contar con un apoyo político de alto nivel y definir una autoridad líder que supervise la integración del enfoque de género y la coordinación entre distintos niveles de gobierno para garantizar su avance.
La autoridad puede tomar diferentes formas y no existe una receta única que garantice el éxito. Algunos países, como Argentina, crearon un ministerio específico; otros optaron por secretarías o áreas transversales. Más allá de su forma específica, es importante que la institución a cargo tenga una representación diversa que involucre a mujeres en la toma de decisiones y que cuente con capacidad para empujar la agenda en otras instituciones.
La pandemia transformó en tiempo récord las formas en las que interactuamos, trabajamos, producimos y cuidamos. Si bien las consecuencias a largo plazo aún están por verse, es claro que la crisis amplía desigualdades y genera retrocesos en términos de igualdad de género. Esto no solo vulnera los derechos de mujeres y niñas, también dificulta el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas en la Agenda 2030.
No obstante, la crisis es también una oportunidad: el poder transformador de la pandemia puede conducirnos a repensar una nueva normalidad en la que el género y la diversidad se conviertan en variables clave en el proceso de políticas públicas. Este enfoque tiene gran potencial para construir sociedades más resilientes e inclusivas que estén mejor preparadas para enfrentar desafíos futuros.
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