Vanessa, tiene 33 años, es mamá de tres hijos argentinos (una de 14, un nene de 5 y un bebé de dos años) y fue noticia hace algunos meses porque ella, de origen peruano, había sido contratada por una banda de narcotraficante como “mula” para ingresar estupefacientes al país. En 2011 cumplió una condena de cuatro años de prisión en el Penal de Ezeiza de Mujeres pero aún así fue deportada en febrero de este año por sus antecedentes penales. 

Como el más chiquito todavía es lactante, la Justicia resolvió que la mujer sea expulsada con él, a pesar de ser un ciudadano argentino. Así, Vanessa fue separada de sus otros dos hijos y deportada a su país. 

Esa decisión judicial sentó precedentes y fue en contra de la Ley de Migraciones, la Constitución Nacional y de la Convención sobre los Derechos del Niño que contemplan la reunificación familiar por sobre todo. 

Pero este lunes, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) resolvió levantar la prohibición de ingreso al país para Vanessa. Esta nueva resolución fue firmada por Horacio García, director de DNM, y desestimó esa injusta prohibición. 

Si el caso no se hubiera viralizado y si las organizaciones de Derechos Humanos no hubieran reclamado, esta resolución tal vez no existiría. Así que varias organizaciones de migrantes, junto a otras de Derechos Humanos, convocaron para el próximo miércoles 4 de septiembre a las 18:00 horas una juntada en el Obelisco, para celebrar el regreso de Vanessa y para que sirva como antecedente y que otras personas injustamente expulsadas puedan volver al país.