La Asociación Argentina de Productores de Cine y Medios Audiovisuales (APROCINEMA) presentó una acción de amparo, ante el cierre temporal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), del que el gobierno nacional dispuso su cierre temporal.

A través de la Resolución 62/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso a finales de abril, "suprimir toda Unidad Organizativa creada en el ámbito del INCAA que no se corresponda con las aprobadas por la presente Resolución". En este sentido, se cerraron las gerencias de: Fomento, Fiscalización a la Actividad Audiovisual, Exhibición y Audiencias, y Asuntos Internacionales e Institucionales. Y se continuarán manteniendo las áreas de gerencia General, Asuntos Legales, Administración y Finanzas, y de Políticas Públicas. 

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Medida que devino de iniciativas de desfinanciación como despidos masivos y no renovación de contratos (que vencieron el 31 de marzo), el cierre de programas, la suspensión de películas que habían sido aprobadas para iniciar su producción, y el desfinanciamiento a festivales, que en términos del Ministerio de Capital Humano, “se terminaron los años en que se financiaban festivales de cine con el hambre de miles de chicos”.

Contexto en el que la organización de productores y medios audiovisuales elevaron el escrito de unas 70 páginas firmado por la presidenta de la organización, María Cristina Agüero, que consta que "la resolución detiene la producción de cine nacional, de los proyectos que no pueden acceder a los beneficios de la ley porque no se pueden presentar a solicitarlos ni tampoco los que están en curso".

"La Resolución 62/2024 viola la Ley del Cine 24.377, que tiene por objeto promover la actividad del sector siendo que dicha ley organizó la estructura del INCAA y su funcionamiento y normas de actuación", manifiesta el documento.

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El colectivo deja expreso que dicha postura del gobierno "afecta a todos los asociados e incluso a varios que no lo son, habiendo muchas producciones afectadas con este acto administrativo dañando al cine nacional" y que "implica un daño irreparable a la cultura sin perjuicio de mencionar que deja expuesto al Estado a futuras acciones judiciales".

La acción de amparo quedó registrada con el número 6576/2024 y recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número cuatro, a cargo de la jueza Rita Ailán, e incluye el pedido de una medida cautelar que suspenda "los efectos del acto impugnado", es decir, lo que significaría en los hechos la reapertura del INCAA.