La Justicia avanzó contra el funcionario tras detectar inconsistencias en su declaración jurada y dispuso una serie de medidas para analizar sus bienes.

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Se trató de la primera manifestación por parte del Gobierno de Javier Milei sobre las islas después de que el propio presidente haya manifestado su admiración hacia Margaret Thatcher.
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Este martes, la canciller Diana Mondino formó parte del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) donde se encargó de renovar el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, donde se aprobó una resolución que presentaron Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela para impulsar una "solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía que existe entre los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte".
En su discurso, sostuvo que "han pasado ya 191 años desde el inicio de la ocupación ilegal de las Islas por parte del Reino Unido. El tiempo transcurrido no ha disminuido en nada la validez de nuestro reclamo ni modificado nuestra convicción de que esta prolongada controversia debe solucionarse pacíficamente, a través de negociaciones bilaterales".
Además, señaló que la negociación tiene que llevarse adelante "teniendo en cuenta las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas" y, aunque agregó que se deben tener en cuenta "los intereses de los habitantes de las Islas", dejó en claro que el principio de libre determinación no se aplica en este caso.
También argumentó que "esta población no ha estado sometida, dominada o subyugada por una potencia colonial ni constituye una población étnica y culturalmente distinta de la potencia ocupante (...). El objeto de la descolonización no es la población, con quienes no tenemos diferencias, sino el territorio".
Se trató de la primera vez que la administración liderada por el presidente de la Nación, Javier Milei, haya manifestado su posición sobre la cuestión Malvinas ante la ONU después de que, tanto en campaña como durante su mandato, haya generado polémica por declarar su admiración por Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido durante la Guerra de 1982.

La Justicia avanzó contra el funcionario tras detectar inconsistencias en su declaración jurada y dispuso una serie de medidas para analizar sus bienes.
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