La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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El tribunal analiza las acusaciones del fiscal general, que lo señala como líder de un plan para impedir la asunción de Lula en 2023. Bolsonaro negó los cargos y calificó la causa como una persecución política.
La Corte Suprema de Brasil comenzó este martes a debatir si el ex presidente Jair Bolsonaro será enviado a juicio por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. La sesión inició con la participación de cinco jueces que analizarán los cargos presentados el 18 de febrero por el fiscal general Paulo Gonet.
Bolsonaro es acusado de liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones generales de 2022. Según la acusación, el plan incluía envenenar a Luiz Inácio Lula da Silva y asesinar al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, uno de los magistrados que ahora deben decidir si el caso avanza a juicio. Los delitos imputados incluyen organización criminal armada, golpe de Estado, tentativa de abolición del Estado democrático de derecho, daños calificados por violencia y deterioro de bienes catalogados, todos los cuales el ex presidente niega.
El fiscal presentó cargos contra 34 personas, pero la Corte Suprema solo decidirá este martes sobre Bolsonaro y otros siete acusados, entre ellos los ex ministros de Defensa, Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, y el ex ministro de Justicia, Anderson Torres.
Bolsonaro habló con la prensa desde el aeropuerto de Brasilia y rechazó las acusaciones. "Estoy bien. Siempre espero justicia. Nada está fundamentado en las acusaciones, hechas de manera sesgada, por la Policía Federal", afirmó.
El ex presidente fue inhabilitado por el máximo tribunal electoral de Brasil, que le prohibió postularse en elecciones hasta 2030 por haber puesto en duda el sistema de votación electrónica. Ante esto, Bolsonaro sostiene que enfrenta una persecución política.
La decisión de la Corte Suprema podría conocerse este martes o a más tardar el miércoles. De ser condenado por intento de golpe de Estado, la pena podría alcanzar hasta 12 años de prisión, aunque la suma de los otros cargos elevaría la sentencia potencial hasta 40 años.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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