El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi decidió no asumir la investigación de la causa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, en la que se encuentra imputado el presidente Javier Milei. La definición sobre qué juzgado seguirá con el expediente deberá resolverla la Cámara Federal porteña.

En su resolución, el magistrado expresó que comparte el criterio de unificar el caso $LIBRA con otra causa que ya tramita en su juzgado, donde se investigan supuestas dádivas y se encuentra imputada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. No obstante, remarcó que “las últimas decisiones adoptadas por el Superior que guardan relación con la materia han establecido un criterio diferente”.

La decisión de Martínez De Giorgi respondió a lo dispuesto por el juez federal Ariel Lijo, quien en carácter de subrogante del juzgado de María Servini había declarado su incompetencia para continuar con la investigación y derivó el expediente a su colega por “conexidad”.

Tanto Lijo como Martínez De Giorgi coincidieron en que ambas investigaciones deberían tramitarse en forma conjunta para “evitar un dispendio jurisdiccional en detrimento de una pronta y mejor administración de Justicia”. Sin embargo, Martínez De Giorgi advirtió que “hasta tanto tal situación no sea revertida a partir de una nueva intervención de la Alzada que fije una postura contraria a la ya establecida, no corresponde aceptar la competencia atribuida”. Ambos expedientes están delegados en la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano.

En relación a la causa $LIBRA, la investigación se centra en un mensaje publicado por Milei en su cuenta de X el 14 de febrero pasado. En esa oportunidad escribió: “La Argentina liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y empredimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Vivalal iber tadproject .com”, junto a un enlace para la adquisición de la criptomoneda.

El expediente por dádivas se inició el 28 de febrero a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, quienes plantearon que debía investigarse si Karina Milei, en su carácter de secretaria general de la Presidencia, había incurrido en la posible comisión de delitos vinculados a ese tipo de hechos.