La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un recurso de amparo contra la reforma laboral promulgada este viernes en el Boletín Oficial. La presentación se realizó ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y, por sorteo, recayó en el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico, el mismo juez que en 2024 había frenado un decreto de desregulación impulsado por el presidente Milei.

El amparo fue firmado por el triunvirato que conduce la CGT junto con dirigentes de los distintos sindicatos que integran la central obrera. La presentación se formalizó luego de la movilización que la organización sindical realizó el lunes pasado hacia los tribunales de Talcahuano, donde solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, declaró Jorge Sola, uno de los cosecretarios generales de la CGT, ante la prensa en la puerta de los tribunales.

En el documento difundido por la central, se sostiene que la llamada “modernización” representa “una grave afectación de derechos colectivos e individuales que vulneran de forma expresa principios constitucionales”. Entre los argumentos, la CGT advirtió que la nueva legislación desconoce el principio de progresividad o de no regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que impliquen retrocesos en los derechos laborales ya conquistados.

El amparo también menciona la posible vulneración del principio protector del derecho laboral, orientado a equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores y evitar abusos contra la parte más débil. Según la central, podrían verse afectados derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical, la libre agremiación y el acceso a la seguridad social.

Además, la CGT criticó aspectos puntuales de la reforma, como las jornadas laborales de 12 horas, la eliminación de las horas extras y la posibilidad de suprimir sanciones para empleadores que incumplan con aportes o vulneren la legislación laboral. También objetó que las indemnizaciones por despido puedan pagarse en cuotas mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).