La radicalización discursiva promovida por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al afirmar que no cumplirá decisiones de uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, provocó la suspensión de la agenda del Senado hasta el próximo lunes.

El presidente de la Cámara Alta, Rodrigo Pacheco, lanzó un fuerte mensaje contra el mandatario nacional al cancelar toda la agenda de proyectos luego que éste afirmara ayer ante una multitud en Brasilia y San Pablo que no cumplirá las decisiones del juez Alexandre de Moares.

La decisión de Pacheco, con quien Bolsonaro había alcanzado un acuerdo legislativo sobre inicios de este 2021, empantana el proyecto del ministro Paulo Guedes para renegociar las deudas judiciales del Estado que puedan permitir poner en marcha el plan social Auxilio Brasil.

El mercado financiero, que respalda la agenda económica del oficialismo, considera que las reformas "murieron" con la decisión de Bolsonaro de volver a profundizar la tensión con el Tribunal Supremo.

"Vemos a un presidente más aislado y agresivo con las instituciones, que habla de llamar al Consejo de la República. Esto sugiere una parálisis en la agenda y los proyectos de reformas murieron", marcó Sergio Vale, de la consultora económica MB Associados.

El Consejo de la República es un órgano suprainstitucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con aportes de la sociedad civil que dirime cuestiones de conmoción nacional, como el estado de sitio o la intervención federal en algunos estados.

Líderes parlamentarios negaron su intención de participar de este consejo, utilizado apenas una vez en 2018 para intervenir militarmente la seguridad de Río de Janeiro bajo el Gobierno de Michel Temer.

El interventor de Río de Janeiro fue el general Walter Braga Netto, hoy ministro de Defensa y uno de los funcionarios que participó de los actos de ayer al lado de Bolsonaro.

El titular de la corte, Luiz Fuz, prepara un pronunciamiento para responderle a Bolsonaro antes de la sesión de hoy, prevista para las 14, en un momento de tensión institucional inédito desde el golpe institucional sobre la Presidencia de Dilma Rousseff, en 2016.

Varios partidos de centroderecha han pasado a apoyar un juicio político contra Bolsonaro, que por ahora cuenta con el apoyo del presidente de Diputados, Arthur Lira, el funcionario que debe darle la luz verde a este tipo de solicitudes.