Tras la confirmación de que Evo Morales tendrá un nuevo mandato como Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el país transita dividido entre dos realidades: un oficialismo que dice no entender los cuestionamientos al proceso electoral y denuncia un intento de golpe de Estado y una oposición que afirma (incluso desde antes de los comicios) el fraude.

Es decir que una parte de la sociedad considera que este proceso fue transparente y otra que no. Es por esto que el país transita hace dos semanas entre huelgas generales donde el rol de la oposición comienza a dividirse entre dos posturas. 

La figura de Carlos Mesa, el candidato de la oposición más votado en las últimas elecciones, publicó un comunicado desde el cual exigen nuevas elecciones, además de la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. 

Sin embargo, esta demanda, hasta hace algunos días unificada, comenzó a resquebrajarse en las últimas jornadas. 

Con la figura de Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una parte de la sociedad boliviana exige la inmediata renuncia de Evo Morales y una nueva elección donde el actual mandatario no participe. 

Camacho integra la élite social y política de Santa Cruz de la Sierra, departamento que se enfrentó a Evo Morales de manera contundente hasta el año 2008 cuando se llegó a un acuerdo de convivencia entre los sectores. 

Lo cierto es que al momento el llamado electoral está siendo auditado por un equipo de especialistas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Pero a un proceso que puede demorar dos semanas, la urgencia y la tensión en las calles (que contó el pasado miércoles con la muerte de dos personas) parecen no poder encontrar salida y el temor a nuevos enfrentamientos, va en aumento.