La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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El proyecto que contempla penas más duras para los barras se aprobó en general en Diputados, pero volvió a comisión para seguir discutiendo algunos artículos. Bullrich, que esperaba contar con la Ley para aplicarla en los torneos de verano, dijo que espera que se trate en febrero.
Tras la aprobación en general, ayer en Diputados, del proyecto de ley para agravar las penas a los barrabravas que cometan actos de violencia en los estadios de fútbol, y su vuelta a comisión para modificar algunos artículos, se supo que el Senado dejó el tema afuera del temario previsto para la sesión extraordinaria de este miércoles.
En la reunión de Labor Parlamentaria de la que participaron los jefes de todos los bloques, se resolvió postergar para febrero el debate de los proyectos sobre violencia en el fútbol y sobre financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lamentó que el proyecto no haya podido convertirse en ley antes de fin de año como pretendían en el Ejecutivo. "Me da bronca que no hayan aprobado la ley anti barras", dijo anoche en una entrevista en televisión.
"Es una ley firme que destruye todos los negocios alrededor de las barras y prohíbe todo tipo de negocios. Por una coma, se trabaron. Me da bronca. Espero que la saquen en febrero", pidió Bullrich.
En Diputados, la iniciativa se aprobó en general con 201 votos afirmativos y 3 abstenciones. La votación mostró que existe consenso para lograr una ley que busca combatir las barras, a través del agravamiento de las penas, la creación de nuevos delitos que antes eran contravenciones y apuntando a cortar las fuentes de financiamiento de los grupos violentos.
El Senado sesionará a partir de las 14:00 y el debate estará atravesado por la denuncia por presunto abuso sexual contra el oficialista Juan Carlos Marino, quien tomará la palabra al inicio de la reunión para expresarse sobre tema por primera vez desde que se conoció la acusación.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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