El Poder Judicial de Salta dictó una sentencia que ordena al Poder Ejecutivo de la provincia a mejorar las condiciones de acceso a la salud para niños y niñas indígenas. La medida se da en el marco de múltiples muertes ocurridas en las últimas semanas de mujeres embarazadas, niños y niñas de comunidades locales por cuadros de desnutrición y precaria atención sanitaria.

La sentencia ordena a los actores de Gobierno y en particular al Ministerio de Salud Pública de la Provincia a designar facilitadores y facilitadoras interculturales en los hospitales de los departamentos donde se declaró la emergencia socio-sanitaria como Orán, Rivadavia, San Martín y también en Salta capital, y a garantizar albergues de tránsito para las y los pacientes y las familias indígenas que deban ser trasladadas por motivos de salud.

La medida cautelar fue solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) - organización integrante del colectivo Infancia en Deuda - y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma y concedida este jueves el Juez del Tribunal de Impugnación, Dr. Eduardo Barrionuevo. El fallo se sostiene en el amparo presentado por la falta de aplicación y reglamentación de la ley provincial N° 7856 de salud intercultural.

A su vez, desde el Poder Judicial sostienen que actualmente persiste un contexto de discriminación histórica hacia estas poblaciones, que repercuten en obstáculos graves en el acceso al derecho a la salud. Por ello, este fallo es fundamental para mejorar las condiciones de acceso a la salud por parte de niños y niñas indígenas en estos territorios.

La presencia de facilitadores y facilitadoras - es decir, de integrantes de las comunidades indígenas que formen parte del personal de salud -, tiene por objetivo acompañar y representar a las infancias indígenas y sus familias y mejorar así las condiciones de acceso a la salud desde el paradigma de la interculturalidad, indicaron desde Infancia en Deuda. De la misma manera, la medida cautelar colaborará con la incorporación de las comunidades y pueblos indígenas en la planificación de la política pública sanitaria.

Los albergues institucionales de tránsito tienen la finalidad de brindar hospedaje, manutención y acompañamiento integral al paciente originario y su familia, mientras sea necesaria su permanencia por motivos vinculados a su atención de salud, ya que las deficiencias estructurales de su lugar de residencia, el traslado hospitalario es una realidad cotidiana.

Cabe recordar que en la provincia de Salta residen aproximadamente 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios y que viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable. La situación es especialmente preocupante en Rivadavia, Orán y San Martín, ubicados en el norte de la Provincia.

Según información oficial que recopiló el la ONG Infancia en Deuda al menos 7.543 niñas y niños de entre 0 y 5 años que residen allí se encuentran en estado de riesgo nutricional. Además, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, en los territorios de emergencia fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y, en el transcurso de los primeros 6 meses de 2021, se registraron 64 casos. A su vez, el actual Ministro de Salud Pública de la Provincia reconoció públicamente que este año se inició con más muertes por desnutrición y complicaciones por deshidratación.