Hace 30 años que no se sanciona una ley de alquileres en nuestro país, donde hay cerca de 9 millones de personas que alquilan inmuebles. El año pasado el propio presidente Macri había anunciado avances en este sentido pero el lobby inmobiliario ganó y la ley quedó en suspenso en el Senado de la Nación. Había pasado algo similar en 2016, cuando se obtuvo la media sanción en la cámara alta pero jamás se trato en Diputados. 

Hoy, nuevamente, se discutió para conseguir un dictamen para que pueda tratarse el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Los proyectos que se estan debatiendo fueron presentados por los diputados Daniel Lipovetzky, Agustín Rossi y Felipe Solá. Tienen como eje subir a tres años el plazo mínimo legal de un contrato de alquiler, que hoy es de dos años. Además, prevén que las actualizaciones del contrato estén basadas en un indicador integrado por: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y el índice de remuneraciones (Ripte).

Otro punto importante es qué tipo de garantía se acepta para acceder al alquiler. Todos los proyectos apuntan a que los dueños deben aceptar garantía inmobiliaria, de fianza o personal del locatario (bono de sueldo), aval bancario o seguro de caución. El texto del oficialismo dispone que el locatario deberá acercar al locador al menos dos opciones. 

Todas las iniciativas limitan los gastos de ingreso al inmueble. No se podrá pedir al inquilino más de un mes de adelanto ni más de un mes de depósito. Los tres proyectos prohíben que se le cobre comisión inmobiliaria al inquilino. Sin embargo, el texto del actual gobierno permite hacerlo si hay expreso acuerdo de las partes. Esta postura no tiene en cuenta la asimetria existente entre el inquilino y el propietario. 

Una diferencia sustancial entre el proyecto de Cambiemos y los de la oposición tiene que ver con la cantidad de aumentos que puede haber en el contrato. En proyecto del oficialismo se permiten dos actualizaciones anuales mientras que la oposición plantea un aumento anual. 

El proyecto de Cambiemos dispone que esta regulación aplicará a los contratos de alquiler de hasta 1000 UVA mensuales (unos $43.900 actuales), en los otros no está definido. A su vez, se obliga al propietario a declarar el contrato ante la AFIP. Eso le permitiría al inquilino deducir el alquiler del impuesto a las Ganancias, si paga ese tributo. 

En caso de haber acuerdo en el dictamen entonces se deberá tratar antes del 30 de noviembre (cuando terminan las sesiones legislativas ordinarias). De no llegar antes de esa fecha entonces, por el cambio de conformación del cuerpo legislativo, el dictamen perderá estado parlamentario y seguiremos sin ley de alquileres.