“Los fracasos eventualmente llegan a los tribunales, pero los éxitos se convierten en ciudadanos”, reflexiona el psiquiatra británico Donald W. Winnicott en su libro “Deprivación y delincuencia” (1984). En Argentina, la criminalidad juvenil es objeto de un debate constante y una creciente preocupación. Desde los barrios más marginados hasta las avenidas de las ciudades, los adolescentes alrededor del país enfrentan las dinámicas y los retos que nuestra sociedad les presenta. Pero, ¿son los jóvenes, en su lucha contra circunstancias adversas, meras víctimas de su entorno o protagonistas activos en la determinación de sus destinos?.

De acuerdo con el último Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población elaborado por la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), con la colaboración de UNICEF, un total de 4.437 adolescentes se encuentran sometidos a medidas judiciales de índole penal en el territorio nacional. Siendo que el 51,5% de las detenciones efectuadas dentro de dispositivos especializados tuvieron lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A pesar de la cantidad de arrestos, la efectividad de los plazos suele ser nula. Alrededor del 75% permanece menos de 24 horas en prisión, mientras que el 55% se encuentra alojado entre una y 12 horas.

Dentro del contexto legal vigente, los individuos menores de 16 años se encuentran desprovistos de un marco penal particular destinado a establecer su responsabilidad en situaciones delictivas. Esto halla respaldo en la Ley 22.278, cuyo artículo 1º establece que aquellos jóvenes que no superen dicha edad están exentos de ser sometidos a procesos judiciales. No obstante, los adolescentes entre 16 y 18 años tampoco son enjuiciados bajo las mismas pautas que los adultos. Únicamente se consideran susceptibles de castigo quienes cometan infracciones con condenas superiores a dos años (como homicidios dolosos).

En el momento de evaluar la conducta de un menor, se considerarán las garantías consagradas en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como las Directrices de las Naciones Unidas, también conocidas como Reglas de Beijing. “Estos establecen la importancia de la prevención de la delincuencia juvenil implementando prácticas y recomendaciones adherentes al mejoramiento de sus políticas públicas, su sistema judicial, dispositivos de asistencia, tratamientos y estrategias de prevención del delito entre otros”, indica María Mazó, Profesora y Licenciada en Psicología Jurídica (MN 59641).

En otras palabras, cualquier individuo menor a 16 años debe ser sometido a un sistema de justicia especializado, diferenciado del sistema penal convencional. Debe estar dotado de los recursos institucionales necesarios, así como dispositivos y programas, con el propósito de posibilitar un enfoque interdisciplinario que permita la evaluación de medidas o alternativas a la restricción de la libertad como sanción. “El objetivo es reeducar y reinsertar socialmente con mejores recursos a quien cometió el delito”, argumenta la experta.

Entre la necesidad y la oportunidad

Ahora bien, ¿cuál es la realidad de Argentina?. Más allá de las estadísticas y las cifras, el abordaje de la delincuencia juvenil en el país exige una comprensión integral. Cada historia individual es una pieza de un rompecabezas más amplio que involucra aspectos sociales, económicos y psicológicos. Los barrios desfavorecidos se convierten en terrenos fértiles para la proliferación de actividades ilícitas. La falta de acceso a la educación, a oportunidades laborales y recursos básicos crea un entorno en el que los jóvenes se enfrentan a decisiones difíciles, perpetuando así el ciclo de pobreza y delincuencia.

Según detalla Mazó, los mayores desafíos hoy en día, “son los relacionados al consumo problemático de sustancias”. Las drogas no sólo distorsionan la percepción y el juicio, sino que también pueden ejercer un poderoso atractivo en aquellos que buscan escapar de la realidad o experimentar una sensación efímera de euforia. Conforme a un estudio llevado a cabo en 2018 por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de Argentina (SEDRONAR), se reveló que alrededor del 17% de las personas que estaban privadas de su libertad por cometer delitos contra la propiedad o personas habían consumido sustancias narcóticas previamente o durante la comisión de los actos delictivos. Paralelamente, se observó que un 28% de los individuos involucrados habían consumido alcohol en el contexto de dichos eventos.

En este contexto volátil, el mundo del tráfico de drogas puede resultar atractivo. Luis Nocera, abogado penalista, explica que muchos adolescentes se “ven obligados a caer en el comercio ilícito”, desempeñando el papel de lo que se conoce como "soldaditos". El experto detalla que estas circunstancias podrían surgir debido a diversas razones, ya sea porque “los padres tienen deudas pendientes con narcotraficantes” o porque, en una lucha por la supervivencia, “necesitan obtener recursos económicos para proporcionar al menos una comida básica en sus hogares”.

Aunque existe una conexión evidente entre la pobreza, el consumo de sustancias y la participación en actividades delictivas por parte de los jóvenes, resulta crucial tener en cuenta otros factores relevantes. Marcos Novaro, analista político, subraya que los delitos cometidos por adolescentes atraviesan todas las estratas sociales, y enfatiza que “la pertenencia a una familia de clase media no garantiza un entorno exento de violencia”. Además, señala que el problema no se limita únicamente a factores externos, sino que también se manifiesta dentro de las instituciones, como es el caso del ámbito educativo. 
“Las escuelas en gran medida son un ‘enseñadero’ de prácticas sociales anómicas, frecuentemente violentas y que suponen algún tipo de transgresión”, manifiesta.

El rol del Estado: las claves para el cambio

El camino hacia la transformación efectiva implica no solo la rectificación de problemas inmediatos, sino también la inversión en la prevención y la construcción de redes de apoyo sólidas. Es imperativo repensar las políticas económicas para promover la inversión en sectores productivos. Hay una carencia de instalaciones destinadas a la recuperación de jóvenes involucrados en actos delictivos. A esta problemática se le suma la ausencia de inspectores de menores, encargados de supervisar y dirigir el proceso de reinserción de aquellos que recobraron su libertad bajo medidas de control. “Si la Ley no acompaña a que las mismas sean garantizadas y brindadas en tiempo y forma, se dificulta ayudar a personas en situación de vulnerabilidad”, reclama Mazó.

Aunque las reformas necesarias son numerosas, existe un punto en el que los expertos concuerdan: es esencial reducir la edad de imputabilidad, siempre garantizando los derechos constitucionales. “Por un lado se permite votar a los 16 años, pero hasta los 18 años no se le da punibilidad a una persona por los delitos que comete. Hay una complejidad de falta de normativas sobre el tema”, justifica el abogado Nocera, y añade: “Muchas veces los adolescentes se culpabilizan porque saben que son inimputables. Asumen toda la responsabilidad en cambio de proteger a los adultos culpables”. Situaciones que se repitieron en el mes de agosto, como en los homicidios de Morena Domínguez y Juan Carlos Cruz.

Siguiendo esa misma perspectiva, prosigue: "Sería fundamental contar con un aumento en la cantidad de instituciones que brinden apoyo a estos jóvenes, espacios que les ofrezcan la contención necesaria. En lugar de imponerles castigos y dejarlos aislados de la sociedad, es esencial que sean incorporados en un sistema que los asista en reflexionar y reorientarse como ciudadanos, permitiéndoles su reintegración en la comunidad. No se puede pedir una mayor rigidez de las penas, sin acompañar emocionalmente”. La integración de estos jóvenes en la sociedad es, indudablemente, un objetivo ambicioso.

Es indispensable apuntar hacia un sistema de prevención, que busque tanto disuadir a los potenciales infractores, como también brindar un sentido de seguridad y protección a la población en su conjunto. “No sólo debemos cambiar a nivel Judicial, o Legislativo, sino cambiar y organizar programas de protección de la comisión de delito más eficientes que sirvan como garantía para todo ciudadano que habite suelo argentino y además incluir mayor seguridad de las fuerzas policiales y gendarmería”, detalla Mazó y concluye: “No más víctimas de la inseguridad, no más 'puertas giratorias' para quienes cometen un delito, no más muertes. ¡Ni una menos! ¡Ni uno menos!”.