El Senado debatirá este jueves el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad y un proyecto para establecer un nuevo régimen de control sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia. La convocatoria se resolvió en la reunión de Labor Parlamentaria, donde se definió el temario de la jornada.

La Cámara de Diputados ya había desestimado el veto el pasado 20 de agosto, con 172 votos a favor, 73 en contra y 3 abstenciones. De replicarse la decisión en la Cámara alta, la norma quedará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Durante la sesión también se tratarán cinco cuestiones de privilegio vinculadas a la denuncia presentada por el Poder Ejecutivo contra periodistas y a la decisión del juez Alejandro Maraniello, que dispuso la prohibición de difundir audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según adelantaron legisladores, los cuestionamientos estarán centrados en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber defendido la denuncia y solicitado allanamientos a estudios y domicilios vinculados a Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino y Mauro Federico.

La ley de discapacidad aprobada por el Congreso dispone la actualización de prestaciones y asignaciones para compensar la inflación acumulada desde 2023. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el impacto fiscal de la medida oscilará entre 0,22% y 0,42% del PBI, según la cantidad de nuevas altas que se registren hasta 2026. Entre sus principales puntos, prevé que las 200 mil contribuciones por invalidez equivalgan al 70% del haber mínimo jubilatorio, habilita a los beneficiarios a trabajar siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, establece el pago de la deuda con prestadores y fija la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas en función de la inflación medida por el INDEC.

El segundo eje de la sesión será el debate sobre un dictamen que regula los decretos de necesidad y urgencia, iniciativa que reunió el respaldo del kirchnerismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales. El proyecto estipula que cada decreto deberá ser aprobado por ambas cámaras en un plazo máximo de 90 días corridos, caso contrario será considerado derogado, aunque los derechos generados durante su vigencia permanecerán firmes. También establece que el rechazo por parte de una sola cámara será suficiente para dejarlo sin efecto.