La Cámara Federal de Casación Penal y un equipo interdisciplinario analizarán hoy las condiciones de la prisión domiciliaria que Cristina Kirchner cumple en su departamento de San José al 1000, en el barrio porteño de Constitución.

La audiencia de Casación fue convocada para este mediodía y participarán todas las partes. Presidida por los jueces de la Sala IV, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, contará con la participación del fiscal ante Casación, Mario Villar, y la defensa de la titular del Partido Justicialista, que encabeza el abogado Carlos Beraldi.

Según trascendió, Villar no acompañaría la posición de los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, de que la ex vicepresidenta cumpla su condena en una cárcel común. Por el contrario, se mantendría a favor de la morigeración de la pena, aunque la Justicia podría sugerir un cambio de domicilio. Recomendar, por ejemplo, que la ex mandataria se traslade a su casa en Santa Cruz.

La defensa de la ex presidenta, por su parte, pedirá que le quiten la tobillera electrónica y que eliminen la restricción de visitas que impuso el Tribunal Oral Federal 2 -que condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión y le prohibió volver a ocupar un cargo público-, que establece que toda aquella persona que quiera visitar a la jefa del peronismo y no se encuentre en el listado que elaboró su defensa, debe solicitar una autorización judicial. Es el caso, por ejemplo, del presidente de Brasil Lula Da Silva, quien debió seguir este proceso para visitar a la ex mandataria la semana pasada, en el marco de su estadía en la Ciudad de Buenos Aires para participar de la cumbre del Mercosur.

En simultáneo a la audiencia en Casación, un equipo interdisciplinario entrevistará a la ex presidenta en su domicilio para conocer cómo se adapta a la prisión domiciliaria y si el dispositivo que le colocó la justicia en su tobillo le provoca alguna molestia.

Según se informó, este grupo de especialistas deberá elaborar un informe y entregarlo a los jueces de la Casación, que entonces quedarán en condiciones de determinar cómo continuará la expresidenta cumpliendo su condena por corrupción con la obra pública en Santa Cruz.