El Gobierno mira con atención lo que pueda ocurrir esta semana en el Congreso, donde la oposición impulsa una serie de proyectos que incomodan a la Casa Rosada. Se trata de iniciativas que serán tratadas en Comisión o que, directamente, podrían convertirse en ley. Siempre según la mirada oficial, estas medidas ponen en jaque el equilibrio fiscal y su eventual aprobación obligaría al presidente Javier Milei a firmar una nueva serie de vetos, con el costo político que ello podría implicar y la posibilidad cierta de que el Congreso insista y deje firme las iniciativas.

En Diputados, la oposición impulsa una agenda que busca aumentar los fondos destinados para universidades y el Garrahan. Ambos temas se discutirán esta semana en diferentes plenarios de comisiones, donde podrían obtener dictamen y quedar listos para ser discutidos en el recinto.

En el Senado, por otra parte, el Gobierno enfrenta el hartazgo de los gobernadores por el permanente destrato de la Casa Rosada. Prueba de ello es que los legisladores de otras bancas que suelen acompañar al oficialismo -ya sea con sus votos o su ausencia- se plegarían a una sesión especial que impulsa para esta semana la bancada de Unión por la Patria. 

La intención del principal espacio opositor es abrir la discusión aun sin la aprobación de la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel. Para ello, pondrían al tope del temario los proyectos consensuados por los gobernadores -y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- que reforman el esquema de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución del impuesto a los combustibles.

Entrarían en debate, además, los aumentos del 7,2% para las jubilaciones y del bono -hoy de $70.000- que perciben los titulares de la mínima. También, la extensión de la moratoria previsional, además de la declaración de la emergencia en discapacidad, que implicaría un mayor gasto.

Éstas últimas preocupan especialmente al Gobierno porque se trata de iniciativas que cuentan con media sanción de Diputados y, de aprobarse, forzarían al presidente Javier Milei a un nuevo veto presidencial para evitar un mayor gasto que, siempre según la perspectiva oficial, atente contra el equlibrio fiscal. Según los cálculos que hacen en la Casa Rosada, este paquete tendría un impacto del 2% del producto.

Con todo, la impugnación presidencial no sería una garantía. Es que unida -aun en una mayoría circunstancial-, la oposición podría insistir y ratificar estos proyectos. Para ello, necesita del aval de los dos tercios en cada Cámara.