Tras el escándalo suscitado por el ex subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan, quien esta tarde fue imputado por presunto lavado de dinero, el presidente del  interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados Mario Negri presentó hoy junto a otros diputados radicales un proyecto para que la Oficina Anticorrupción (OA) actúe antes de la designación de los funcionarios.

La iniciativa, acompañada por la firma de los legisladores radicales Karina Banfi, Luis Borsani y Miguel Bazze, propone modificar la Ley de Ética Pública (25.188) para que los empleados elegidos para ocupar un cargo público sean sometidos obligatoriamente a un "chequeo previo" que revise la documentación patrimonial, fiscal y laboral presentada.

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"La idea es que quienes resulten designados comparezcan ante la OA, en una suerte de chequeo previo, para ver si no hay contradicciones entre su función anterior y el cargo que van a asumir", explicó Negri.

La iniciativa fue presentada tras la salida de Díaz Gilligan -cuya renuncia había pedido Negri-  lo que se sumó a otros casos polémicos como el bono que recibió y luego devolvió Luis Miguel Etchevehere, actual ministro de Agroindustria, por parte de la Sociedad Rural Argentina, y el de Juan José Aranguren, que habiendo sido nombrado ministro de Energía, seguía manteniendo en su poder acciones de Shell.

En sus argumentos, el proyecto señala que "aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses actuales o potenciales u otros riesgos éticos o conflictos con las reglas y principios de integridad que puedan existir".

A su vez, se establece que la OA "participará en el procedimiento de designación de quienes sean postulados para desempeñarse como Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional y/o como titulares o integrantes de los órganos de gobierno de los entes reguladores de servicios públicos, a efectos de analizar los antecedentes laborales, profesionales y los intereses sociales y patrimoniales de los candidatos en el marco de las normas sobre ética pública y formulará las indicaciones y recomendaciones que pudieren corresponder".

En caso de que detecte alguna inconsistencia en el candidato a ingresar a la función pública, la OA estará habilitada a solicitarle información complementaria y a requerir informes a organismos públicos y privados, y a particulares, añade el proyecto.

Una vez que la OA haya agotado el análisis del caso, deberá realizar un dictamen público "que podrá ser en el sentido de recomendación a reparar la situación detectada, a no avanzar con la designación o la potencial intervención de otras autoridades según el caso específico".