Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por la Cámara Federal por el uso de aviones del Estado para uso particular durante los años 2003 - 2015, una causa iniciada por el Juez Claudio Bonadio en el marco de la "causa de los cuadernos" a partir de la declaración de los pilotos presidenciales.

El fallo la acusa del traslado de muebles, sábanas y artículos de decoración, que nunca formaron parte del registro oficial y que tenían como destino los hoteles de la familia Kirchner, mediante el uso de los aviones pertenecientes a la flota presidencial.

Sin embargo, la Cámara rechazó el planteo del juez Bonadio, que consideraba ilegal el traslado de diarios y resúmenes de prensa de la Secretaría de Medios de la Presidencia de la Nación a Río Gallegos o El Calafate con los aviones presidenciales, ya que el acceso a dicho material periodístico es pertinente a las funciones de un Jefe de Estado. Por lo que podría establecerse como una falta ética, pero no penal.

Otra diferencia de criterios entre la Cámara y el juez Bonadio fue el rol que tuvo el ex Secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli. Mientras que la primera consideró, de forma dividida, que no existen elementos suficientes para considerarlo cómplice del delito de peculado, Bonadio había pedido su procesamiento, el cual también fue rechazado.

El delito de peculado, por el cual se acusa a la vicepresidenta electa, se define por el funcionario “que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración nacional”. La pena se inscribe entre los dos y los diez años de cárcel.

Cristina Fernández de Kircher, de esta manera, suma su décimo procesamiento. Los otros nueve son las conocidas como: dólar futuro; Memorándum de Entendimiento con Irán; Vialidad; Los Sauces; Hotesur; el otorgamiento de subsidios a trenes y subtes y colectivos; la carta de San Martín a O’Higgins; y la cartelización de la obra pública.