El viernes por la tarde, el funcionario Alberto Ariaudo fue filmado por las cámaras de seguridad del Municipio Catriel en Rio Negro, mientras exhibía un arma. La escena era una de las tantas secuencias de amenazas contra la intendenta local, Daniela Salzotto, y el resto de los funcionarios que trabajan a su lado durante más de un mes. 

Según contaron, Ariaudo tenía diferencias de gestión pero las exponía de manera violenta, con hostigamientos por WhatsApp y en persona. Nunca había escalado al punto de poner en el medio un arma de fuego como ocurrió ayer. Según explicaron en el municipio de Catriel, la última reacción de fue consecuencia de un proyecto de ordenanza para llevar controles de consumos problemáticos de sustancias ilegalizadas.

Posterior a la ultima amenaza, el funcionario fue denunciado y detenido. En el allanamiento de su domicilio no encontraron el arma que usó para amenazar y que quedó registrada en las cámaras. Pasó la madrugada del sábado en una celda y en la mañana se sometió a la audiencia judicial en la que se formalizaron los cargos en su contra. 

La fiscalía lo acusó por “coacción agravada por haber tenido el propósito de obligar a una persona a abandonar su trabajo”, “amenazas reiteradas” y “portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada. Sin embargo, en la audiencia Ariaudo se arrepintió. “Expresó estar arrepentido de lo sucedido y ofreció la renuncia al Concejo Deliberante a partir de hoy”, contaron fuentes judiciales de Río Negro.

“El hombre llegó detenido a esta audiencia, la fiscalía iba a solicitar su prisión preventiva y su desafuero pero él decidió colaborar con el órgano municipal y también con la investigación que concretará el Poder Judicial. Privilegió lo institucional, evitó que la cuestión continuara”, expresó el fiscal jefe Gustavo Herrera.

La Justicia lo obligó a fijar y mantener domicilio y estar a disposición de la justicia a través de presentaciones personales una vez a la semana. “Además no debe realizar ninguna obstaculización con el accionar de la Justicia, por ello el hombre no puede entrar en contacto por ninguna vía ni por terceras personas con los testigos, con la víctima principal y las demás personas mencionadas”, explicaron fuentes judiciales.

También le impusieron una prohibición de acercamiento no menor a 300 metros tanto de la vivienda de la Intendente, como del Municipio y la sede del Concejo.